La legalización del saqueo

La Administración Pública necesitaba reformarse. Y, por tanto, lo mejor que podría hacerse era facilitar el despido de los trabajadores en las administraciones ineficientes. Con la redacción que se ha otorgado a las leyes, un alcalde potencialmente manirroto o convicto y confeso, un director general de Empleo adicto a la cocaína, las subvenciones familiares o la compra de joyas o un mafioso comisionista malayo pueden saquear con impunidad las arcas públicas de un Ayuntamiento y cepillarse a las plantillas para arreglar el asunto.

La reforma no impedira estas práctica perversas. Podrán, también y sin cortapisas, seguir construyendo  aeropuertos sin tráfico o sin líneas aéreas, desviar los fondos nacionales, regionales o locales a empresas interpuestas o paraísos fiscales. Como podrán, también, programar festejos costosos y alocados o programar Olimpiadas que dejen tras de si ciudades exhaustas y ciudadanos endeudados de por vida.

Seguirán teniendo las posiblidades de recalificar terrenos propios, venderselos  a promotoras o cajas de ahorro y  comprarlos de nuevo para promover vivienda pública.  Podrán adjudicarse, como hasta ahora, salarios de consejeros-delegados de multinacional farmaceútica y practicar estas artes hasta la bancarrota total, el despilfarro último de las arcas públicas.

Solo deben cuidar que el saqueo se prolongue durante un mínimo de tres meses para mostrar lo que la ley llama insuficiencia presupuestaria, un moderno eufemismo con el que se denominará, de ahora en adelante, los sintomas más físicos y evidentes de las apropiaciones indebidas, del desvio de fondos públicos, de cohechos propios o impropios, de las prevaricaciones manifiestas o la ineptitud contable.

Al cabo de ese tiempo, ese  administrador público podrá despedir a la plantilla y cerrar la institución sin ninguna contrapartida. La persecución de sus cohechos requiere un fiscal interesado, voluntad manifiesta y medios adecuados y no los hay.  Pero cerrar una administración, llevada a la ruina y a la imposiblidad de prestar las funciones de ayuda al ciudadano en materia sanitaria, educativa, de seguridad, de protección, de fiscalidad, de asistencia o bienestar social que le confieren su esencia, solo  necesita, desde el 12 de febrero, la sola voluntad de ese presunto delincuente o manirroto. A eso lo llaman reforma ecuánime.

Llego a pensar que no me molesta ya el delito en si mismo para mi desgracia; uno termina acostumbrándose a casi todo, sino a esta presentación pública en forma de meridiano insulto a las inteligencias. Eso o, realidad, los ciudadanos somos unos rematados tontos del haba.