miércoles, 29 de julio de 2015

Deudas ilegítimas

El Pleno Municipal de Aranjuez dió carta de naturaleza al más serio indicio de exacción de los recursos públicos en favor de empresas privada.A propuesta del gobierno del Partido Socialista, se acogió al decreto de sostenibilidad de 2014 dictadas por el Gobierno estatal del Partido Popular para entidades locales en “situación de riesgo financiero”, lo que equivale a reconocer la insostenibilidad de sus cuentas de manera implícita.

Lo provocó una deuda de 600.000 euros reclamada por la empresa MACONSA y a quién el Ayuntamiento aprobó más de 400 millones de pesetas por este mecanismo irregular entre el 2000 y el 2002. Lo dice una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y reconoce su relato una sentencia de la Audiencia Provincial (Sentencia número 109/2012) y sucesivos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que inhabilitaron a un alcalde de Aranjuez del Partido Popular por hechos relacionados.

Todo tiene un marcado acento de opera bufa. Las consecuencias económicas de una conducta delictiva, confirmada por tres instancias judiciales,informes municipales y una querella de la Fiscalía, recaerán en sus víctimas principales, los ciudadanos de Aranjuez; y elevará la carga económica que enfrentan cada año para lograr que el agua salga por los grifos, se recojan las basuras, se limpien las calles, etc. Todo su esfuerzo tributario se destinará a saldar unas deudas ficticias sin contrapartida documental ni confirmación de la veracidad de sus trabajos..

Esta situación tiene episodios de una comicidad inenarrable aunque ilustra a la perfección el modelo de nacimiento y evolución de las deudas ilegitimas institucionales: contraídas por pocos en nombre de muchos sin su participación, conocimiento o asentimiento; a despecho de toda legalidad, detrayendo los recursos públicos hacia las arcas privadas, sin que nadie ni ningún representante público exija responsabilidades personales o políticas por las consecuencias, la vulneración de las leyes o demande el resarcimiento de los perjuicios económicos ocasionados a la ciudad por sus protagonistas.

Salvo ACIPA, los grupos políticos han mostrado una inexplicable identidad con la propuesta del gobierno local. Tendrán en sus razones que en el caso de las formaciones emergentes son mas difíciles de desentrañar ya que iniciar procedimientos de anulación de decisiones plenarias no difícil si se cuenta con la nutrida colección de antecedentes recopilados y redactados por el fiscal Valerio Bermejo.

La postura testimonial de ACIPA no se extenderá a las otras formaciones que acompañaron al gobierno del PSOE. Por eso, conviene advertir sobre las consecuencias de la decisión que enfrentará a la Institución con profundos recortes presupuestarios obligatorios, algunos de dos cifras, en materia de gastos ordinarios o inversiones reales y con incidencia en los servicios municipales durante los próximos 7 años, exactamente desde 2016 hasta finales de 2023.

Otras no tan conocidas están explicadas por el decreto ley, el mismo que sostuvo el desmantelamiento de todo lo público . Tienen una importancia clave para la vida municipal y condicionarán la gestión futura de los servicios y el desarrollo de la ciudad. Es sencillo, otorga notables prerrogativas de inspección y control a órganos extramunicipales, merma la autonomía tributaria municipal y subordinará las decisiones en este ámbito al Ministerio de Hacienda. Se parece mucho a una intervención estatal salvadora solo que agrava en calidad y cantidad la insostenibilidad de las cuentas municipales iniciadas cuatro mandatos atrás: A ellas se les da una nueva vuelta de tuerca aplazandolas en el tiempo. Total, ¿que importa? ¡Paga el vecino! Al fin y al cabo solo será una estadística de deuda per capita dentro de unos años cuando ninguna decisión pueda revertir la bancarrota municipal y la credibilidad de las alternativas políticas.

lunes, 27 de julio de 2015

Aranjuez no es un nombre griego

Aranjuez no es ninguna ciudad de Grecia aunque guarde muchas similitudes. Su angustiosa situación económica le obliga a pedir socorro al Ministerio de Hacienda. Una semejanza motivada en el escenario de riesgo financiero que vive su ayuntamiento y su deuda bancaria  de 76 millones de euros. Esta cantidad duplica el último presupuesto anual con el que es impensable atender  estos pagos. No es una ciudad griega pero el hecho de que los gobiernos locales del Partido Socialista y el Partido Popular hayan cuadruplicado este pasivo en los últimos años establece un paralelismo que infunde miedo.

Como algunas ciudades griegas, el Ayuntamiento de Aranjuez recibirá el auxilio crediticio del Ministerio de Hacienda tras que lo apruebe el Pleno Municipal pero es una ayuda irreal. La deuda permanece aunque el prestario sea otro y los vecinos seguirán adeudándola a más largo plazo. El Instituto de Crédito proporcionará los fondos, el Ministerio atenderá los pagos a las entidades bancarias y el Ayuntamiento ejercerá de convidado de piedra. Más o menos como la última asistencia europea a Grecia, salvando el tamaño de la deuda.

Esto no es gratis. Con la deuda aumentando y los intereses corriendo sobre la espalda del vecino, el total llegará a ser más inasumible de los que es ya si no aumentan los ingresos municipales. Este es el punto de partida. Cada uno de nosotros: hombres y mujeres, viejos, y jóvenes, niños, infantes, clérigos, jubilados y militares sin graduación debe 1.280 euros por cabeza a los bancos que han financiado el saqueo municipal. Estamos en el puesto número 11 de las poblaciones madrileñas con mayor deuda viva del ranking de 171 municipios de la región.

No es una estadística. Es un dinero real extraído de los recursos de los ciudadanos e invertido en agujeros y hormigón armado sin utilidad pública, contratado de aquella manera, -¿Recuerdan Waiter Music, Cofely, Púnica o Gürtell?- y con consecuencias directas sobre la vida de los vecinos. No será “un crédito concedido en condiciones muy ventajosas” según la bufonada del inefable Guindos que se refería al rescate europeo a la banca española, sino una hipoteca general para todos los vecinos. 

Las consecuencias son de todo orden, principalmente en cuanto a obligaciones fiscales. El gobierno deberá recortar un mínimo de un 5 % en el Capítulo 1 y 2 del Presupuesto Municipal, financiar el coste de los servicios municipales en un 75%  del total mediante tasas y precios públicos, no podrá suprimir ningún tributo e incrementará en un 25% el Impuesto de  Bienes Inmuebles y el de Tracción Mecánica en una cantidad similar . Y sería el segundo plan de ajuste al que ya se ha enfrentado el Ayuntamiento de Aranjuez sin ninguna mejoría.

Tambien supone la desaparición práctica de las competencias municipales, excluida la de aumentar la presión fiscal sobre el vecino, el auténtico regalo envenenado del préstamo, recortar los niveles de prestación de los servicios y hacer desaparecer aquellos que no logren los niveles mínimos de financiaciòn. No van a venir los hombres de gris, según otra bufonada sangrienta del no menos bufón Ministro Montoro, pero los controladores internos municipales estarán obligados a supervisar el cumplimiento del plan de ajuste subsiguiente a la concesión del crédito; el Ayuntamiento podrá estar dirigido por una Comisiòn de Control del Ministerio de Hacienda  y la Intervención General del Estado podrá adoptar medidas preventivas en el caso de que la institución Municipal no logre ver la luz a la salida del túnel. Desde luego que Aranjuez no es una ciudad griega pero ¿no se le parece muchísimo?.