miércoles, 29 de julio de 2015

Deudas ilegítimas

El Pleno Municipal de Aranjuez dió carta de naturaleza al más serio indicio de exacción de los recursos públicos en favor de empresas privada.A propuesta del gobierno del Partido Socialista, se acogió al decreto de sostenibilidad de 2014 dictadas por el Gobierno estatal del Partido Popular para entidades locales en “situación de riesgo financiero”, lo que equivale a reconocer la insostenibilidad de sus cuentas de manera implícita.

Lo provocó una deuda de 600.000 euros reclamada por la empresa MACONSA y a quién el Ayuntamiento aprobó más de 400 millones de pesetas por este mecanismo irregular entre el 2000 y el 2002. Lo dice una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y reconoce su relato una sentencia de la Audiencia Provincial (Sentencia número 109/2012) y sucesivos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que inhabilitaron a un alcalde de Aranjuez del Partido Popular por hechos relacionados.

Todo tiene un marcado acento de opera bufa. Las consecuencias económicas de una conducta delictiva, confirmada por tres instancias judiciales,informes municipales y una querella de la Fiscalía, recaerán en sus víctimas principales, los ciudadanos de Aranjuez; y elevará la carga económica que enfrentan cada año para lograr que el agua salga por los grifos, se recojan las basuras, se limpien las calles, etc. Todo su esfuerzo tributario se destinará a saldar unas deudas ficticias sin contrapartida documental ni confirmación de la veracidad de sus trabajos..

Esta situación tiene episodios de una comicidad inenarrable aunque ilustra a la perfección el modelo de nacimiento y evolución de las deudas ilegitimas institucionales: contraídas por pocos en nombre de muchos sin su participación, conocimiento o asentimiento; a despecho de toda legalidad, detrayendo los recursos públicos hacia las arcas privadas, sin que nadie ni ningún representante público exija responsabilidades personales o políticas por las consecuencias, la vulneración de las leyes o demande el resarcimiento de los perjuicios económicos ocasionados a la ciudad por sus protagonistas.

Salvo ACIPA, los grupos políticos han mostrado una inexplicable identidad con la propuesta del gobierno local. Tendrán en sus razones que en el caso de las formaciones emergentes son mas difíciles de desentrañar ya que iniciar procedimientos de anulación de decisiones plenarias no difícil si se cuenta con la nutrida colección de antecedentes recopilados y redactados por el fiscal Valerio Bermejo.

La postura testimonial de ACIPA no se extenderá a las otras formaciones que acompañaron al gobierno del PSOE. Por eso, conviene advertir sobre las consecuencias de la decisión que enfrentará a la Institución con profundos recortes presupuestarios obligatorios, algunos de dos cifras, en materia de gastos ordinarios o inversiones reales y con incidencia en los servicios municipales durante los próximos 7 años, exactamente desde 2016 hasta finales de 2023.

Otras no tan conocidas están explicadas por el decreto ley, el mismo que sostuvo el desmantelamiento de todo lo público . Tienen una importancia clave para la vida municipal y condicionarán la gestión futura de los servicios y el desarrollo de la ciudad. Es sencillo, otorga notables prerrogativas de inspección y control a órganos extramunicipales, merma la autonomía tributaria municipal y subordinará las decisiones en este ámbito al Ministerio de Hacienda. Se parece mucho a una intervención estatal salvadora solo que agrava en calidad y cantidad la insostenibilidad de las cuentas municipales iniciadas cuatro mandatos atrás: A ellas se les da una nueva vuelta de tuerca aplazandolas en el tiempo. Total, ¿que importa? ¡Paga el vecino! Al fin y al cabo solo será una estadística de deuda per capita dentro de unos años cuando ninguna decisión pueda revertir la bancarrota municipal y la credibilidad de las alternativas políticas.

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