Aranjuez: ¿La seguridad infantil ante todo?

El Ayuntamiento de Aranjuez ignoró durante cinco años sus reglas legales para la construcciòn de parques y zonas de recreo infantiles contenidas en una ordenanza reguladora y olvidada luego en las nuevas instalaciones o en la adaptación de las  existentes. Fue aprobada por el Pleno municipal en 2013 para eludir el vacío legal sobre la seguridad de estas áreas y las características de sus materiales. Subordinaba su construcción y mantenimiento  a múltiples recomendaciones de varias administraciones, incluida la  Unión Europea, e imponía el cumplimiento de 11 normas UNE a los instaladores de zonas de juego para el Ayuntamiento de Aranjuez. (Las normas UNE son catálogos de procedimiento y homologación elaborados por la asociacion AENOR para conseguir resultados fijos y estándares de calidad o seguridad) 

La norma municipal entró en vigor teórico 5 años después  de que un primer informe del Defensor del Pueblo pusiera el acento en la seguridad y accesibilidad de las zonas infantiles de juego en una actuación que ha repetido cada año. Digo  en vigor teórico por que, cinco años más tarde, se conoce que fue ignorada sistemáticamente. No consta el cumplimiento de esas exigencias en las construcciones. No consta o nunca se realizó una inspección en profundidad de todas las instalaciones ni de sus operaciones de mantenimiento. Nunca se comprobó la idoneidad de materiales, formas constructivas o anclajes de los juegos. Razón por la cual ahora es urgentísimo realizarlo. Blanco y en botella.

Desde ese buen día de septiembre en que el que el Pleno Municipal aprobara la ordenanza se han sucedido dos gobiernos municipales del Partido Popular y el Partido Socialista respectivamente. Ninguno derogó o modificó este texto que recoge la totalidad de las recomendaciones efectuadas por la Unión Europea, el Defensor del Pueblo y las principales asociaciones profesionales del sector con el fín de reforzar la seguridad de sus pequeños usuarios. Así que siguen vigentes en la regulación de cualquier acción municipal presentes o futuras. 

La decisión de externalizar el mantenimiento de estas áreas ha puesto de relieve la inacción de estos dos gobiernos locales y plantea la necesidad de “certificar estas instalaciones”. Pero es una afirmación baldía ya que la ordenanza municipal exige determinadas características de seguridad imposibles de eludir -si se realizara un correcto control técnico municipal- en cuanto a espacios, materiales y juegos. Establece superficies mínimas, edades de los usuarios, tipología de construcción, catálogo de materiales y otras exigencias legales para cumplir hasta 11 Normas Técnicas. Ni la Ordenanza Municipal ni otras textos profesionales hablan de certificaciones de seguridad ni de autoridades certificadoras concretas para este tipo de instalaciones ya que, sencillamente, no existen. Solo las genéricas y profesionales que redactan las normas españolas de homologación, ya de por si bastante exigentes. Es más, sin cumplir esa ordenanza y sus normas, las áreas de juego no deberían haber funcionado jamás.

Pero de la misma forma que los equipos de gobierno local han ignorado y postergado la seguridad infantil por otras consideraciones, han ignorado  lo acordado por diferentes organizaciones en este terreno. Un grupo de 8 asociaciones de distintas naturaleza - (Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CC.OO, Asociación de Madres y Padres de la Plaza del 2 de Mayo, Save the Children, U.G.T. y UNICEF)- entre las que se encuentra la Federación de Municipios de la que Aranjuez forma parte, redactó un decálogo de medidas de seguridad en el que se inspiró la ordenanza municipal tan sistemáticamente desatendida y publicado en unos años en que varios accidentes mortales de niños pusieron en solfa las actuaciones de las administraciones locales.

Entre otras cuestiones y no menos importantes, estas recomendaciones luego recogidas por otros textos legales obligaban a las instituciones unas revisiones exhaustivas de seguridad en las que, al parecer, no podrían ser sustituidas por entidades ajenas a la estructura municipal. Tales operaciones consistían en una revisión visual rutinaria de seguridad con una periodicidad de tres semanas, una inspección trimestral de la funcionalidad del área de juegos y una inspección anual en profundidad para “comprobar la seguridad global de los equipos, cimentación, superficie, llegando hasta la excavación o desmontaje de las partes ocultas empotradas si fuera preciso”. 

Pero no parece que ninguna de estas exigencias se hayan cumplido. Efectivamente, el acento por parte de los grupos políticos está puesto en un fantasmal proceso de certificación, en la búsqueda de una no menos ectoplásmica autoridad certificadora o en la necesidad de realizar una auditoria completa de las instalaciones antes de subastar su supervisión.  Cualquier cosa antes que dilucidar por qué un Ayuntamiento ignoró durante cinco años sus propias normativas, por qué nadie lo exigió de sus representantes electos y por qué nadie parece interesado en dilucidar los motivos de un silencio extendido que pone en cuestión la preocupación real de toda una institución local por la seguridad física de sus ciudadanos más pequeños.

Fuentes

Ayuntamiento de Aranjuez

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Defensor del Pueblo

Asociación Profesional de Fabricantes de Parques Infantiles

Deuda municipal: un peso muerto para Aranjuez

La deuda municipal de Aranjuez a los bancos continua su marcha ascendente e imparable. El Ministerio de Hacienda la ha cifrado en 90 millones de euros para 2017. Se ha  incrementado en 13 millones de euros desde 2012 aunque no hace tanto que se discutía si alcanzaba 45 o eran 51 millones exactos. Sea cual sea la cifra final, lo relevante es que por ahora, cada  ciudadano debe 1.698 euros a las entidades bancarias que prestan al Ayuntamiento de Aranjuez. No es un apunte contable. Se debe realmente y tiene consecuencias en las vidas de todos.

Con todo, es una estimación a la baja. El ministerio trabaja con las cifras que facilita el Ayuntamiento de la ciudad aunque las cuentas de este no son fiables. Es el diagnóstico de la Cámara de Cuentas de Madrid formulado en dos auditorias consecutivas. En esas cifras que se manejan no aparece lo no contabilizado o asumido, lo realizado parcialmente o lo que permanece oculto en partidas opacas, una especie de cloaca de gastos no aprobados o para los que no existe una partida presupuestaria. En el suma y sigue de la deuda bancaria a diversos plazos hay que anotar los créditos impagados de la sociedad anónima SAVIA (Sociedad de Suelo y Vivienda de Aranjuez), cercanos a los 30 millones de euros, así como las pérdidas sufridas por sus activos económicos o por sus sobrevaloraciones; superiores en un 30 por ciento a su valor de mercado que tampoco se contemplan en los indicadores ministeriales.

El peso de la deuda viva ha sido determinante para el deterioro de los servicios públicos que sufre la ciudad. Los ahoga, restringe e introduce en una espiral de decadencia. Cada mes, el saldo deudor exige mayores recursos públicos. Se detraen del mantenimiento de los servicios ciudadanos y se llega a un momento crítico: ese en el que el Ayuntamiento cambia su papel de prestar servicios para convertirse en instrumento de facto del trasvase de las rentas públicas a las corporaciones bancarias acreedoras.

El efecto siguiente es la inveracidad contable municipal y su opacidad.Tiene un amplio catálogo de medidas: se engordan las partidas opacas de facturas no aprobadas o no contablizadas; se sobrevaloran los ingresos para saltarse los límites de endeudamiento o no se ejecutan los gastos previstos. No es nada nuevo. Se llama ingeniería financiera y su objeto es aplazar la deuda municipal unas décadas al futuro. Pero tiene resultados fatales al incrementar los intereses de demora, los gastos de refinanciación o exigir nuevos créditos bancarios mas onerosos. Como estas operaciones se realizan desde varios años atrás e impulsadas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista  no es de extrañar que el déficit estructural provocado en Aranjuez alcance ya los 3 millones de euros y subiendo.

Las empresas proveedoras tampoco están a salvo. La morosidad municipal en este semestre de 2018 es de 512 días. Ninguna puede albergar pretensiones de cobro antes de transcurridos 17 meses. Pero es que en 2017 era de 426 días y en 2016 era de 344. No hay iniciativa comercial que aguante esa demora creciente en sus cobros que sobrepasa los limites legales de 30 días para el pago en el sector público. ¿Cómo lo hacen? Pues acudiendo a los bancos adheridos a los Planes de Pago a Proveedores para refinanciar la deuda con intereses subvencionados en el mejor de los casos. Recurriendo, en el peor escenario,   a la tarifa vigente de entre un 23 a un 28 % del coste o explorar otra vía sencilla y muy de compadres:aumentar el precio de sus suministros, - ya sea una libra de clavos o un formón-, en un porcentaje igual o superior. Ya saben: es el Mercado amigo.  

Aunque los auténticos paganos del desbarre económico de Aranjuez, de la bancarrota municipal real, son las familias. Aportan 1698 euros anuales por cabeza al pago de la deuda que detraen de su esfuerzo en la creación de riqueza local. Financian el Capítulo de Ingresos de los presupuestos municipales con 445 euros al año por pago de impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos, Contribuyen obligadamente con unos 400 euros año vía  cuota de IRPF. Parte de esa recaudación vuelve a la Institución Municipal mediante transferencias corrientes y es engullida por el pago de la deuda.

Cada ciudadano de Aranjuez genera 14.000 euros anuales de riqueza. Lo dicen los indicadores de PIB que elabora la Comunidad de Madrid. Somos su furgón de cola. Y pese a ello o por eso mismo, la deuda viva absorbe el 13 %  del PIB local. Con las exacciones tributarias de la Comunidad Autónoma y la Agencia Tributaria estatal gravitando sobre sus cabezas, los recursos familiares se encuentran seriamente comprometidos, tanto como su función de alimentar el ciclo comercial del consumo local.

Todo este revoltijo inicial crece desordenadamente sin control y crea una madeja de causas y efectos imposible de desenredar. Con ella crece la deuda viva municipal. Cada nuevo indicador publicado es un paso de tuerca más sobre la corresponsabilidad de las formaciones políticas y los gobiernos locales que tratan de salvar mediante proyectos futuros delirantes e injustificados. No es nada alentador. Menos aún cuando se enfrenta con patochadas literarias, - auténticas Fake News- , con las que el gobierno local trata de quitar hierro a la realidad. Pero ésta es invulnerable a los adverbios cualesquiera sea su naturaleza. El resultado de la expresión arítmetica -5+2 es siempre, siempre, siempre -3. No hay color de escritura, tipo, grafito o adverbio que lo cambie.

Fuentes
Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid
Ministerio de Hacienda
Cámara de Cuentas
Ayuntamiento de Aranjuez

Agfa, sin frenos de emergencia

Ni control legal, ni financiero, ni de eficiencia ni económico. La adjudicación de las parcelas de  Agfa se tomó por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA) en ausencia del Interventor Municipal o el Secretario General de la Corporación. Es decir, sin ningún freno de emergencia.

A la sesión del Consejo solo asistieron sus 8 consejeros, representantes de los partidos  que componían la Corporación Municipal en aquél momento,  presididos por el alcalde de la localidad Jesús Dionisio Ballesteros. El documento no reseña la presencia de estos funcionarios municipales que también faltan en sesiones precedentes o posteriores. No se recogen tampoco sus intervenciones sobre los acuerdos. Algo que causa extrañeza ya que el funcionamiento de la Sociedad fue objeto de serios reproches por la Cámara y el Tribunal de Cuentas en sus auditorias sobre el funcionamiento municipal.

La adjudicación de las parcelas fueron realizadas en un orden extraño y según un pliego de condiciones oscuro, incompleto en algunos requisitos y que no aparece en la web de la mercantil SAVIA. En la sesión de adjudicación celebrada el 17 de julio de 2007, solo la consejera Pilar Quintana se opuso a la forma y fondo de las adjudicaciones y solicitó información complementaria que le fue negada por Dionisio Ballesteros. La entonces representante de ACIPA preguntaba: ¿Como confiar  en una sociedad mercantil que niega el detalle de las cuentas a una consejera?. No parecía faltarle la razón. Los únicos pliegos de condiciones existentes están fechados entre 2014 y 2017. Ni rastro de fechas anteriores. 

El acuerdo debió llegar ya redactado y listo para la aprobación ya que no se registran operaciones de valoración de las ofertas ni discusión alguna. Algunos consejeros de esos años triunfales relatan que la ausencia de Interventor o Secretario era la norma. De la legalidad de los acuerdos debían responder los gestores de Larcovi, los posteriores gerentes: Diego Martínez Cerón, antiguo alcalde  de Alhama de Murcia  o su predecesor nombrado por el Partido Popular, José María Puente Barral: el más efímero de los gerentes y que salió a escape de la mercantil al poco tiempo de ser nombrado..

Diego J. Martínez Cerón, primero por la derecha

Tal fue el descontrol organizativo y legal cuando se llegó a la disolución de la Sociedad que hubo serios problemas para realizarla. SAVIA no había comunicado con regularidad los cambios de consejeros o presidentes al Registro Mercantil quién se negó a admitir nuevas incorporaciones o ceses. Por esta razón los acuerdos sobre la disolución debieron ser comunicados por ex-presidentes del Consejo que ya no podían ejercer esa responsabilidad al no ser alcaldes de la Corporación. Solo en 2017 y solo durante ese año, el Registro Mercantil apunta a la existencia de un secretario no consejero que coincide con el de Secretario General de la Corporación. Pero ya no había legalidad por la que velar y era un nombramiento obligado para poder entrar en liquidación concursal.

Ni siquiera el Consejo de Administración de SAVIA era el gestor directo de las decisiones económicas o empresariales de la sociedad mercantil. Su función era la de aprobar las propuestas presentadas por la empresa LARCOVI a quién se adjudicó la gestión de SAVIA hasta su revocación en 2011 o las formuladas por Diego Martínez Cerón. Y los problemas eran graves: se debió afrontar la financiación de numerosos créditos hipotecarios contraídos con la entidad Liberbank, la sobrevaloración en balances y hasta en un 30 por cien el precio de  los activos sobre el precio de mercado o enfrentar reclamaciones judiciales de las empresas adjudicatarias. El Ayuntamiento de Aranjuez pagó a Larcovi ¡más de 8 millones de euros! por su gestión.

Pagos efectuados a la gestora Larcovi

La cifra figura en las auditorias de la Cámara de Cuentas de Madrid, la misma institución de control supramunicipal que decía en su informe que la organización y gestión de la Sociedad de Suelo de Aranjuez era inexistente. En sus auditorias afirma que “no consta el ejercicio de las funciones de la Intervención Municipal sobre la contabilidad de la sociedad”. Del mismo modo se expresa en lo referido a su financiación u operaciones mercantiles realizadas: “no consta que se hayan efectuado controles financieros, económicos o de eficacia administrativa. Es particularmente relevante en lo que se refiere a las operaciones realizadas por la empresa SAVIA, donde además concurre la circunstancia de que la gestión se realiza por una empresa privada que simultanea estas operaciones con otras propias en el mismo sector económico”. Unos párrafos para decir de manera elegante que todo estaba manga por hombro, que no se cumplían normativas y que el gestor también gestionaba para si mismo.

La gestión de la mercantil, ahogada ya por reclamaciones judiciales, deudas y exigencias bancarias de pago que la Cámara llega a afirmar en sus controles: “no se ha encontrado toda la documentación, ni se puede asegurar que se conserve”. Una minucia que extiende a la propia organización municipal. A ambas les dijo que “los mecanismos de control para el desarrollo de su actividad son, considerados en su conjunto, inadecuados para asegurar un conveniente ejercicio de las funciones encomendadas por la normativa, dentro de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Esta organización deficiente de la gestión del municipio también ha generado la inexistencia, o falta de fiabilidad, de numerosa información y de controles, lo que ha ocasionado que la fiscalización se haya visto sometida a limitaciones” En síntesis, SAVIA no garantizó legalidad, eficiencia, eficacia ni economía.Fue luego un descenso a tumba abierta sin frenos de emergencia.