Mantener la paz
social de Aranjuez fue la gran cortina de humo generada por el equipo
de gobierno de Dionisio Ballesteros, del que la actual alcaldesa era
parte sustancial, para justificar la gran piñatade compraventas y edificaciones posteriores sobre suelo de la antigua
factoría de Agfa Geavert, cerrada en 2001.
Enrique Porto Rey,director de Urbanismo y Planificación del gobierno del Partido
Popular de la Comunidad de Madrid, redactó y aprobó el plan de
actuación de la zona unos años más tarde para “dotarla de valor
y contenido” pero dimitió en 2006. Porto Rey tenía la mala
costumbre de redactar esos proyectos interesados a través de
empresas interpuestas y aprobados rapidamente por la dirección
general para la que le había nombrado Esperanza Aguirre. Al final
esta conducta le pasó factura política y debió dimitir. Ni antes,
ni durante, ni después saltaron las alarmas de las agrupaciones
políticas y sindicales de Aranjuez. Lo cierto es que nada de lo
aprobado se puso en entredicho y varias empresas tomaron posiciones
en la propiedad del suelo de esta actuación urbana.
Con ese interés
común y gozando de información privilegiada a través de sus
contactos directos en la Corporación pudieron acordar ese reparto
constructivo que el responsable de la Trama Púnica , David
Marjaliza, ha facilitado al instructor de los sumarios. Cada uno de
los signatarios fue retribuido con una porción variable de terreno
por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA), cuyo
descalabro en la gestión fue justificado y sus pérdidas
socializadas pasado el tiempo por los mismos actores políticos que
legitimaron ese acuerdo, mientras que las plusvalías económicas generadas se
desvanecieron sin más.
Lo
relevante de este caso es que constituyó una experiencia piloto del
saqueo de una ciudad utilizando empresas vinculadas al poder político
local. El mecanismo no era nuevo aunque en esta ocasión sí la
cuantía de los recursos públicos puestos en juego en Aranjuez y el
volumen de extracción de las plusvalías que debieran
haber revertido en los ciudadanos. Lo innovador es el “acuerdo de
caballeros” para dividir el territorio de manera 'respetable' en
zonas de influencias al más puro estilo chicaguense. Lo
auténticamente novedoso es la interrelación empresarial
protagonista del saqueo institucional y su conexión con otras
prácticas similares más allá de las fronteras del municipio para
conformar grandes redes especulativas en diversas comunidades
autónomas.
Un primer grupo,
algo así como la red de cercanías de la corrupción; con límites
en Puente Largo y Las Cabezadas, eran empresas locales vinculadas al
grupo conservador ribereño como 'Proyectos y Soluciones Gestión
10' con una gestión explosiva gracias a directivos que ya habían
tenido ocasión de conocer y participar de los planes urbanístico
tras su paso por el Ayuntamiento de la ciudad.
Otras estaban
situadas en el espectro político contrario y en la misma posición
de ventaja e influencia con los gobiernos socialistas. Era el caso de
'Ribereña de Vivienda Social' con un ex-secretario de Organización
del Partido Socialista de Aranjuez como socio principal y,
posteriormente, con Antonio Serrano Soldado, jefe de gabinete del
entonces alcalde Dionisio Ballesteros y mano derecha de David
Marjaliza.
El último de los
convidados al banquete fue este mediante sus empresas Atalía Gestión y
Vancouver y con una extensión y profundidad que todavía están
comprobando los sumarios judiciales. Entró por derecho propio a
través de estas sociedades o mediante participadas por Serrano
Soldado que contó con hilo directo con la Alcaldía de Aranjuez y la
concejalía de Urbanismo. En último lugar se encuentra el grupo
'Construcciones Yeregui Siglo XXI' el más potente y diverso de todos
vinculado a los municipios de Marbella, Fuengirola, Estepona
y Ciempozuelos o el grupo vasco Proinsa, socio único de Agfa Aranjuez.
Desde luego que
David Marjaliza es un delincuente convicto y confeso. No hay duda
alguna. Pero los sumarios y vistas orales en las que se ha visto
involucrado han ido confirmando sus afirmaciones ante los jueces.
Aunque para ser justo no fue el primero. Se adelantó Rafael Páez,portavoz del Partido Comunista, en una denuncia pública donde
describía con todo lujo de detalles los entramados del saqueo de
Agfa y el papel rector que los partidos políticos y la Empresa
Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez tuvieron en ese momento.
Un
tiempo después fue Pilar Quintana, entonces portavoz del grupoACIPA. Luego le tomó el relevo Paloma Baeza, también de ACIPA quien
se refirió el escándalo que supuso al absorcion de la deuda de
SAVIA por el Ayuntamiento de Aranjuez y el peso económico
insoportable que recaería sobre los ciudadanos. Ni caso. Las
respuestas directas de los grupos políticos o indirectas a través
de medios subvencionados fue tóxica. Casi sangrienta. El acoso fue
tan despiadado, el tejido de falsedades tan denso y coparticipado por
los presuntos impulsores del desbarre de AGFA que los tres acabaron
por abandonar sus cargos públicos en diversos intervalos de tiempo.
Ahora todavía colea ante los jueces y, al parecer, lo que te rondaré
moreno.
