miércoles, 15 de agosto de 2018

Deuda municipal: un peso muerto para Aranjuez


La deuda municipal de Aranjuez a los bancos continua su marcha ascendente e imparable. El Ministerio de Hacienda la ha cifrado en 90 millones de euros para 2017. Se ha  incrementado en 13 millones de euros desde 2012 aunque no hace tanto que se discutía si alcanzaba 45 o eran 51 millones exactos. Sea cual sea la cifra final, lo relevante es que por ahora, cada  ciudadano debe 1.698 euros a las entidades bancarias que prestan al Ayuntamiento de Aranjuez. No es un apunte contable. Se debe realmente y tiene consecuencias en las vidas de todos.


Con todo, es una estimación a la baja. El ministerio trabaja con las cifras que facilita el Ayuntamiento de la ciudad aunque las cuentas de este no son fiables. Es el diagnóstico de la Cámara de Cuentas de Madrid formulado en dos auditorias consecutivas. En esas cifras que se manejan no aparece lo no contabilizado o asumido, lo realizado parcialmente o lo que permanece oculto en partidas opacas, una especie de cloaca de gastos no aprobados o para los que no existe una partida presupuestaria. En el suma y sigue de la deuda bancaria a diversos plazos hay que anotar los créditos impagados de la sociedad anónima SAVIA (Sociedad de Suelo y Vivienda de Aranjuez), cercanos a los 30 millones de euros, así como las pérdidas sufridas por sus activos económicos o por sus sobrevaloraciones; superiores en un 30 por ciento a su valor de mercado que tampoco se contemplan en los indicadores ministeriales.

El peso de la deuda viva ha sido determinante para el deterioro de los servicios públicos que sufre la ciudad. Los ahoga, restringe e introduce en una espiral de decadencia. Cada mes, el saldo deudor exige mayores recursos públicos. Se detraen del mantenimiento de los servicios ciudadanos y se llega a un momento crítico: ese en el que el Ayuntamiento cambia su papel de prestar servicios para convertirse en instrumento de facto del trasvase de las rentas públicas a las corporaciones bancarias acreedoras.

El efecto siguiente es la inveracidad contable municipal y su opacidad.Tiene un amplio catálogo de medidas: se engordan las partidas opacas de facturas no aprobadas o no contablizadas; se sobrevaloran los ingresos para saltarse los límites de endeudamiento o no se ejecutan los gastos previstos. No es nada nuevo. Se llama ingeniería financiera y su objeto es aplazar la deuda municipal unas décadas al futuro. Pero tiene resultados fatales al incrementar los intereses de demora, los gastos de refinanciación o exigir nuevos créditos bancarios mas onerosos. Como estas operaciones se realizan desde varios años atrás e impulsadas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista  no es de extrañar que el déficit estructural provocado en Aranjuez alcance ya los 3 millones de euros y subiendo.

Las empresas proveedoras tampoco están a salvo. La morosidad municipal en este semestre de 2018 es de 512 días. Ninguna puede albergar pretensiones de cobro antes de transcurridos 17 meses. Pero es que en 2017 era de 426 días y en 2016 era de 344. No hay iniciativa comercial que aguante esa demora creciente en sus cobros que sobrepasa los limites legales de 30 días para el pago en el sector público. ¿Cómo lo hacen? Pues acudiendo a los bancos adheridos a los Planes de Pago a Proveedores para refinanciar la deuda con intereses subvencionados en el mejor de los casos. Recurriendo, en el peor escenario,   a la tarifa vigente de entre un 23 a un 28 % del coste o explorar otra vía sencilla y muy de compadres:aumentar el precio de sus suministros, - ya sea una libra de clavos o un formón-, en un porcentaje igual o superior. Ya saben: es el Mercado amigo.  

Aunque los auténticos paganos del desbarre económico de Aranjuez, de la bancarrota municipal real, son las familias. Aportan 1698 euros anuales por cabeza al pago de la deuda que detraen de su esfuerzo en la creación de riqueza local. Financian el Capítulo de Ingresos de los presupuestos municipales con 445 euros al año por pago de impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos, Contribuyen obligadamente con unos 400 euros año vía  cuota de IRPF. Parte de esa recaudación vuelve a la Institución Municipal mediante transferencias corrientes y es engullida por el pago de la deuda.

Cada ciudadano de Aranjuez genera 14.000 euros anuales de riqueza. Lo dicen los indicadores de PIB que elabora la Comunidad de Madrid. Somos su furgón de cola. Y pese a ello o por eso mismo, la deuda viva absorbe el 13 %  del PIB local. Con las exacciones tributarias de la Comunidad Autónoma y la Agencia Tributaria estatal gravitando sobre sus cabezas, los recursos familiares se encuentran seriamente comprometidos, tanto como su función de alimentar el ciclo comercial del consumo local.

Todo este revoltijo inicial crece desordenadamente sin control y crea una madeja de causas y efectos imposible de desenredar. Con ella crece la deuda viva municipal. Cada nuevo indicador publicado es un paso de tuerca más sobre la corresponsabilidad de las formaciones políticas y los gobiernos locales que tratan de salvar mediante proyectos futuros delirantes e injustificados. No es nada alentador. Menos aún cuando se enfrenta con patochadas literarias, - auténticas Fake News- , con las que el gobierno local trata de quitar hierro a la realidad. Pero ésta es invulnerable a los adverbios cualesquiera sea su naturaleza. El resultado de la expresión arítmetica -5+2 es siempre, siempre, siempre -3. No hay color de escritura, tipo, grafito o adverbio que lo cambie.

Fuentes
Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid
Ministerio de Hacienda
Cámara de Cuentas
Ayuntamiento de Aranjuez






miércoles, 1 de agosto de 2018

Agfa, sin frenos de emergencia

Ni control legal, ni financiero, ni de eficiencia ni económico. La adjudicación de las parcelas de  Agfa se tomó por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA) en ausencia del Interventor Municipal o el Secretario General de la Corporación. Es decir, sin ningún freno de emergencia.

A la sesión del Consejo solo asistieron sus 8 consejeros, representantes de los partidos  que componían la Corporación Municipal en aquél momento,  presididos por el alcalde de la localidad Jesús Dionisio Ballesteros. El documento no reseña la presencia de estos funcionarios municipales que también faltan en sesiones precedentes o posteriores. No se recogen tampoco sus intervenciones sobre los acuerdos. Algo que causa extrañeza ya que el funcionamiento de la Sociedad fue objeto de serios reproches por la Cámara y el Tribunal de Cuentas en sus auditorias sobre el funcionamiento municipal.

La adjudicación de las parcelas fueron realizadas en un orden extraño y según un pliego de condiciones oscuro, incompleto en algunos requisitos y que no aparece en la web de la mercantil SAVIA. En la sesión de adjudicación celebrada el 17 de julio de 2007, solo la consejera Pilar Quintana se opuso a la forma y fondo de las adjudicaciones y solicitó información complementaria que le fue negada por Dionisio Ballesteros. La entonces representante de ACIPA preguntaba: ¿Como confiar  en una sociedad mercantil que niega el detalle de las cuentas a una consejera?. No parecía faltarle la razón. Los únicos pliegos de condiciones existentes están fechados entre 2014 y 2017. Ni rastro de fechas anteriores. 

El acuerdo debió llegar ya redactado y listo para la aprobación ya que no se registran operaciones de valoración de las ofertas ni discusión alguna. Algunos consejeros de esos años triunfales relatan que la ausencia de Interventor o Secretario era la norma. De la legalidad de los acuerdos debían responder los gestores de Larcovi, los posteriores gerentes: Diego Martínez Cerón, antiguo alcalde  de Alhama de Murcia  o su predecesor nombrado por el Partido Popular, José María Puente Barral: el más efímero de los gerentes y que salió a escape de la mercantil al poco tiempo de ser nombrado..

Diego J. Martínez Cerón, primero por la derecha
Tal fue el descontrol organizativo y legal cuando se llegó a la disolución de la Sociedad que hubo serios problemas para realizarla. SAVIA no había comunicado con regularidad los cambios de consejeros o presidentes al Registro Mercantil quién se negó a admitir nuevas incorporaciones o ceses. Por esta razón los acuerdos sobre la disolución debieron ser comunicados por ex-presidentes del Consejo que ya no podían ejercer esa responsabilidad al no ser alcaldes de la Corporación. Solo en 2017 y solo durante ese año, el Registro Mercantil apunta a la existencia de un secretario no consejero que coincide con el de Secretario General de la Corporación. Pero ya no había legalidad por la que velar y era un nombramiento obligado para poder entrar en liquidación concursal.

Ni siquiera el Consejo de Administración de SAVIA era el gestor directo de las decisiones económicas o empresariales de la sociedad mercantil. Su función era la de aprobar las propuestas presentadas por la empresa LARCOVI a quién se adjudicó la gestión de SAVIA hasta su revocación en 2011 o las formuladas por Diego Martínez Cerón. Y los problemas eran graves: se debió afrontar la financiación de numerosos créditos hipotecarios contraídos con la entidad Liberbank, la sobrevaloración en balances y hasta en un 30 por cien el precio de  los activos sobre el precio de mercado o enfrentar reclamaciones judiciales de las empresas adjudicatarias. El Ayuntamiento de Aranjuez pagó a Larcovi ¡más de 8 millones de euros! por su gestión.

Pagos efectuados a la gestora Larcovi
La cifra figura en las auditorias de la Cámara de Cuentas de Madrid, la misma institución de control supramunicipal que decía en su informe que la organización y gestión de la Sociedad de Suelo de Aranjuez era inexistente. En sus auditorias afirma que “no consta el ejercicio de las funciones de la Intervención Municipal sobre la contabilidad de la sociedad”. Del mismo modo se expresa en lo referido a su financiación u operaciones mercantiles realizadas: “no consta que se hayan efectuado controles financieros, económicos o de eficacia administrativa. Es particularmente relevante en lo que se refiere a las operaciones realizadas por la empresa SAVIA, donde además concurre la circunstancia de que la gestión se realiza por una empresa privada que simultanea estas operaciones con otras propias en el mismo sector económico”. Unos párrafos para decir de manera elegante que todo estaba manga por hombro, que no se cumplían normativas y que el gestor también gestionaba para si mismo.

La gestión de la mercantil, ahogada ya por reclamaciones judiciales, deudas y exigencias bancarias de pago que la Cámara llega a afirmar en sus controles: “no se ha encontrado toda la documentación, ni se puede asegurar que se conserve”. Una minucia que extiende a la propia organización municipal. A ambas les dijo que “los mecanismos de control para el desarrollo de su actividad son, considerados en su conjunto, inadecuados para asegurar un conveniente ejercicio de las funciones encomendadas por la normativa, dentro de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Esta organización deficiente de la gestión del municipio también ha generado la inexistencia, o falta de fiabilidad, de numerosa información y de controles, lo que ha ocasionado que la fiscalización se haya visto sometida a limitaciones” En síntesis, SAVIA no garantizó legalidad, eficiencia, eficacia ni economía.Fue luego un descenso a tumba abierta sin frenos de emergencia.

lunes, 30 de julio de 2018

Así se saqueó una ciudad


Mantener la paz social de Aranjuez fue la gran cortina de humo generada por el equipo de gobierno de Dionisio Ballesteros, del que la actual alcaldesa era parte sustancial, para justificar la gran piñatade compraventas y edificaciones posteriores sobre suelo de la antigua factoría de Agfa Geavert, cerrada en 2001.

Enrique Porto Rey,director de Urbanismo y Planificación del gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, redactó y aprobó el plan de actuación de la zona unos años más tarde para “dotarla de valor y contenido” pero dimitió en 2006. Porto Rey tenía la mala costumbre de redactar esos proyectos interesados a través de empresas interpuestas y aprobados rapidamente por la dirección general para la que le había nombrado Esperanza Aguirre. Al final esta conducta le pasó factura política y debió dimitir. Ni antes, ni durante, ni después saltaron las alarmas de las agrupaciones políticas y sindicales de Aranjuez. Lo cierto es que nada de lo aprobado se puso en entredicho y varias empresas tomaron posiciones en la propiedad del suelo de esta actuación urbana.

Con ese interés común y gozando de información privilegiada a través de sus contactos directos en la Corporación pudieron acordar ese reparto constructivo que el responsable de la Trama Púnica , David Marjaliza, ha facilitado al instructor de los sumarios. Cada uno de los signatarios fue retribuido con una porción variable de terreno por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA), cuyo descalabro en la gestión fue justificado y sus pérdidas socializadas pasado el tiempo por los mismos actores políticos que legitimaron ese acuerdo, mientras que las plusvalías económicas generadas se desvanecieron sin más.

Lo relevante de este caso es que constituyó una experiencia piloto del saqueo de una ciudad utilizando empresas vinculadas al poder político local. El mecanismo no era nuevo aunque en esta ocasión sí la cuantía de los recursos públicos puestos en juego en Aranjuez y el volumen de extracción de las plusvalías que debieran haber revertido en los ciudadanos. Lo innovador es el “acuerdo de caballeros” para dividir el territorio de manera 'respetable' en zonas de influencias al más puro estilo chicaguense. Lo auténticamente novedoso es la interrelación empresarial protagonista del saqueo institucional y su conexión con otras prácticas similares más allá de las fronteras del municipio para conformar grandes redes especulativas en diversas comunidades autónomas.

Un primer grupo, algo así como la red de cercanías de la corrupción; con límites en Puente Largo y Las Cabezadas, eran empresas locales vinculadas al grupo conservador ribereño como 'Proyectos y Soluciones Gestión 10' con una gestión explosiva gracias a directivos que ya habían tenido ocasión de conocer y participar de los planes urbanístico tras su paso por el Ayuntamiento de la ciudad.

Otras estaban situadas en el espectro político contrario y en la misma posición de ventaja e influencia con los gobiernos socialistas. Era el caso de 'Ribereña de Vivienda Social' con un ex-secretario de Organización del Partido Socialista de Aranjuez como socio principal y, posteriormente, con Antonio Serrano Soldado, jefe de gabinete del entonces alcalde Dionisio Ballesteros y mano derecha de David Marjaliza.

El último de los convidados al banquete fue este mediante sus empresas Atalía Gestión y Vancouver y con una extensión y profundidad que todavía están comprobando los sumarios judiciales. Entró por derecho propio a través de estas sociedades o mediante participadas por Serrano Soldado que contó con hilo directo con la Alcaldía de Aranjuez y la concejalía de Urbanismo. En último lugar se encuentra el grupo 'Construcciones Yeregui Siglo XXI' el más potente y diverso de todos vinculado a los municipios de Marbella, Fuengirola, Estepona y Ciempozuelos o el grupo vasco Proinsa, socio único de Agfa Aranjuez.

Desde luego que David Marjaliza es un delincuente convicto y confeso. No hay duda alguna. Pero los sumarios y vistas orales en las que se ha visto involucrado han ido confirmando sus afirmaciones ante los jueces. Aunque para ser justo no fue el primero. Se adelantó Rafael Páez,portavoz del Partido Comunista, en una denuncia pública donde describía con todo lujo de detalles los entramados del saqueo de Agfa y el papel rector que los partidos políticos y la Empresa Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez tuvieron en ese momento.

Un tiempo después fue Pilar Quintana, entonces portavoz del grupoACIPA. Luego le tomó el relevo Paloma Baeza, también de ACIPA quien se refirió el escándalo que supuso al absorcion de la deuda de SAVIA por el Ayuntamiento de Aranjuez y el peso económico insoportable que recaería sobre los ciudadanos. Ni caso. Las respuestas directas de los grupos políticos o indirectas a través de medios subvencionados fue tóxica. Casi sangrienta. El acoso fue tan despiadado, el tejido de falsedades tan denso y coparticipado por los presuntos impulsores del desbarre de AGFA que los tres acabaron por abandonar sus cargos públicos en diversos intervalos de tiempo. Ahora todavía colea ante los jueces y, al parecer, lo que te rondaré moreno.


jueves, 5 de julio de 2018

H2 Puente Largo S.A: el núcleo duro de la Púnica

El tercero de los propietarios del desarrollo urbanístico de 'Puente Largo' es la empresa 'H2 Puente Largo S.A'. Todavía el 3 de julio pasado extendía su dominio sobre el 15 % del total de la actuación y colindaba con propiedades de la 'Sociedad Estatal para la Promoción del Suelo' e  'Integración de Servicios Navarros', compradora de los activos empresariales de Fruehauf S.A. Pero es algo más. Es también la empresa instrumental de la trama Púnica en Aranjuez y actuó a su conveniencia desde el 2004 en diferentes actividades urbanísticas locales durante 14 años hasta la desarticulación del grupo mafioso mercantil.

'H2 Puente Largo' compró parte del suelo en unos momentos difíciles para la empresa de automoción entonces embarcada en varios expedientes regulación de empleo. Una historia que concluyó con el despido total de la plantilla. La mercantil pasó a ser propietaria de 309.000 metros cuadrados de territorio rústico que, lógicamente y mediante esta operación, se hurtó a la liquidación concursal que ya enfrentaba la empresa ribereña.

Las compras se efectuaron  en tres tandas sucesivas efectuadas el 17 de marzo, el 11 de mayo y el 7 de julio de 2005. A fecha de hoy su propiedad parece no haber variado aunque un juzgado impide su venta o uso. Nada que no esté ocurriendo desde 2008 en el mundo mercantil derivada del incremento de las liquidaciones concursales.

Pero este es un caso muy especial. Tan especial como lo es el Juzgado Central número 6 y especiales son las diligencias provocaron las anotaciones judiciales. Fueron las que investigaron la trama Púnica en Madrid. 'H2 Puente Largo' figuraba entre el centenar largo de empresas investigadas por un caso que afectaba, sobre todo, al saqueo de diversas administraciones públicas locales.

Tampoco era empresa cualquiera. Era el núcleo duro de la Trama Púnica de David Marjaliza y funcionó “de facto” como un ente coordinador de sus actuaciones urbanísticas de Aranjuez. En su Consejo de Administración confluyeron primero los Púnicos por derecho de fundación; luego  pequeñas empresas locales inmobiliarias y de construcción vinculadas a responsables del partido gobernante local entonces, y finalmente cargos directivos de la Caja de Ahorros Castilla La Mancha, luego Banco Castilla La Mancha, luego Liberbank.

Todo ello en unos momentos muy especiales para el urbanismo ribereño. Se promovían o diseñaban actuaciones urbanas en los terrenos de la fallecida Agfa Geavert, se tramitaban las expropiaciones de Las Cabezadas y el ex-director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, redactaba un primer desarrollo de Puente Largo a través de la empresa Plarquin; primero de su propiedad y luego traspasada a su arquitecto de cabecera. Claro está que no fue el único proyecto. Hubo muchos más diseminados por toda la Comunidad de Madrid y con las mismas características. Los alcaldes del PSOE, como en Aranjuez o del PP en otras localidades, se rifaban un director de Urbanismo tan eficiente y eficaz. Porto dimitió tras una investigación parlamentaria de la Asamblea de Madrid sobre sus dobles pero inadecuadas actividades.

En todas las actuaciones de Aranjuez había representantes bien de la trama de David Marjaliza, bien de Isolux o vinculados a la antigua Agfa. Primero por separado, luego todas confluyeron en el Consejo de Administración de 'H2 Puente Largo' de diferentes formas. Era cuestión de tiempo por que juntas sumaban mas posiciones de suelo y cuotas de poder importantísimas en la alta dirección de la administración local que por separado. Se sentaron en él parte del centenar largo de empresas del núcleo duro de la trama Púnica en un carrusel de participaciones que finalizaban en Atalia Gestión y Arauna Corporación y en dos personas físicas: David Marjaliza y Antonio Serrano Soldado, ex concejal socialista de Urbanismo de Valdemoro y ex-jefe de gabinete del alcalde de Aranjuez, Dionisio Ballesteros.

A su través se engarzaba también un reducido grupo de promotores locales mediante una pequeñísima empresa participada por estos. Se llamo 'Círculo de Seguro Valdemoro' y  allí  Serrano Soldado y José Antonio Merino, entonces secretario de Organización del Partido Socialista local, se dieron la mano una vez más. A través de Merino, la influencia de Serrano Soldado pudo llegar a Fomento de Construcciones del Tajo, Ribereña de Vivienda Social  o Peritajes y Validaciones Mercantiles, empresas con gran influencia en la promoción inmobiliaria y el cooperativismo de la localidad.


La tercera pata del banco fue intentar la coincidencia con las entidades financieras. Puente Largo es una promoción en la que prima la vivienda, entre 6.000 según el calculo más liberal y 2200  viviendas de diversa tipología según el cálculo más conservador del análisis medioambiental del proyecto. Se necesitaba financiación y la caja siempre la concedía sin preguntar demasiado.

La entidad  ya trabajaba en el desarrollo de AGFA en estrecha colaboración con la Sociedad Local de Suelo y Vivienda 'SAVIA' con el fiasco final en el esta se convirtió. Trabajó con Isolux para convertir dos millones y medio de suelo rústico de la mejor tierra de Aranjuez en un sucesión de chalets unifamiliares rodeando un Canal de Remo con el resultado de un coste de 12 millones de euros para los ciudadanos de Aranjuez.

Con el señuelo de los créditos otorgado a la mercantil Puente Largo y con la idea de cuidar de ellos, envió a su representante en 'Las Cabezadas de Aranjuez' y a algunos expertos adjuntos como su director de Gestión; el gestor  de Haya Real State, su comercializadora inmobiliaria en exclusiva y más tarde, el director territorial de Liberbank, ya experto en apretar las tuercas al Ayuntamiento de Aranjuez para cobrar los créditos impagados de SAVIA. Desde allí o desde Las Cabezadas, gestores e imputados estaban en condiciones de gestionar más de 4,9 millones de metros cuadrados de suelo  de Aranjuez si tomamos en conjunto ambos proyectos.


Todo sigue igual dice la canción viejuna. El suelo sigue en las mismas manos sin haberse producido cambios tras la intervención del Juzgado Central número 6 que desbarató el conglomerado empresarial-delincuente de David Marjaliza, Serrano Soldado y Francisco Granados. Aunque sí. Hubo cambios a decir verdad. Las propiedades de 'H2 Puente Largo' están embargas por el sumario 85/20014 y se impide su uso y venta. Otro de los presuntos socios de la mercantil, Caja Castilla La Mancha, le  reclama 2.400.000 euros de un préstamo realizado a la mercantil. Y continúa, a día de hoy, la confusa maraña de liquidaciones concursales, absorciones, reclamaciones de acreedores y otras minucias que podrían demorar o detener este desarrollo urbano para ofrecer más vivienda y sin importar que el 17 % del total de primera vivienda de Aranjuez esté desocupada. Lo dice el propio plan.




miércoles, 14 de febrero de 2018

Lo que mande usía


La lógica dice que tiene que haber una motivación profunda para que el Ayuntamiento cuide la reforestación de los espacios del Patrimonio Nacional mientras este emprende una cuidadosa tala de árboles históricos en espacios urbanos pero no está a la vista. La sección sindical municipal que lo anuncia es clara. Se trata de emplear trabajadores y recursos públicos exclusivos de Aranjuez para cooperar en la "reforestación" pero, o no se cae en la cuenta de lo mucho que tiene esta iniciativa de prestamismo laboral o  tratan de pasar por encima sin nombrarlo aunque cobra un coste abusivo a los mezquinos recursos municipales mientras la ciudad está como está.

El Patrimonio Nacional es una macro entidad con un grandioso patrimonio histórico-artístico y natural con recursos propios derivados de los Presupuestos del Estado. Sus transferencias deberían ser suficientes para afrontar sus obligaciones de conservación y excluir otras aportaciones institucionales, obligadas o voluntarias, que cobran el vivir en un entorno  singular a los ciudadanos por partida doble: vía aportaciones impuestos estatales y locales.


Aunque esta intervención municipal, desconocida en su origen y motivación, obedeciera a una urgente petición de auxilio no estaría  justificada. Su funcionamiento es  autónomo y su gestión es propia. Y, al parecer,  sus recursos se han malbaratado. Los empleados han caído un 15 por ciento desde 2012. Su presupuesto anual, 108 millones anuales para 2018, ha descendido hasta los mínimos niveles de 2005 y apenas autofinancia un 32 por ciento de sus gastos anuales. Por si fuera poco, la externalización de sus servicios como la seguridad, el mantenimiento, la forestación y el cuidado y limpieza de las zonas ajardinadas "no siempre ha producido resultados satisfactorios", un hecho que el Patrimonio Nacional reconoce en sus memorias de actuación. 

Para justificarlo aduce que el Ministerio de Economía ha recortados sus transferencias. Pero este es solo un problema de relación económica entre dos organismos estatales que no debe afectar a terceros. Un Ayuntamiento con 200 millones de euros de deuda total no puede sustituir ni aminorar los vaivenes ni los déficits de gestión de órganos estatales. Tampoco debería, aun en el caso supuesto que la ciudad tuviera espacios públicos impolutos, una red viaria conservada y zonas ajardinadas urbanas que respondieran a ese nombre. Tiene otras funciones y una primordial para este tiempo: exigir mayor presencia y preponderancia en la toma de decisiones del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para que no se limite el uso de los espacios urbanos, condicione la vida diaria, el planeamiento del territorio, la movilidad de las personas o el trazado urbano. 

Todas ellas son demasiadas imposiciones para justificarlas con hipotéticos retornos no cuantificados  hasta hoy sobre la economía local y dejarlas pasar como si nada. Igual el Ayuntamiento de Aranjuez, que conocía al detalle este sin sentido de la tala y la replantación desde el pasado mes de enero, deba replantearse un esquema nuevo de relación y cooperación con el Patrimonio Nacional en términos de igualdad y, sobre todo,  defender el bienestar de los vecinos y el buen empleo de unos recursos esquilmados por encima de otras consideraciones. Igual dejar de responder: lo que mande usía es un buen comienzo.


viernes, 13 de octubre de 2017

Cristina Moreno y Maria José Martinez: A reducir los daños de Las Cabezadas

El petardazo de Las Cabezadas pesa ya sobre las cuentas municipales. 14 millones de euros en total.  5 millones más que la reclamación original producidos por las tácticas dilatorias del Partido Popular y Partido Socialista llevadas a cabo para que el fin de la música judicial les pillara sin silla, al revés que en el juego infantil, o al mando de la Institución. Tanto da por que el pagano final es, como siempre, el ciudadano de Aranjuez y ninguna de las dos formaciones que  intervinieron y colaboraron en el fiasco.

El excalde de Aranjuez, José María Cepeda (PP) convocó el concurso para el desarrollo de más de 2,5 millones de metros cuadrados de Las Cabezadas. Jesús Dionisio Ballesteros (PSOE) adjudicó  este proyecto depredador y cerró los ojos ante su transferencia a 'Las Cabezadas de Aranjuez', una empresa de fortuna  con 3.000 euros de capital social fundada para ejecutar un proyecto de 400 millones de euros que dio con su estructura en los juzgados liquidadores al cabo del tiempo. Y a la vista de las publicaciones oficiales es una empresa imposible tratar de negar su realidad.

Ambos partidos mayoritarios deben afrontar ahora una situación complicada sin salidas fáciles en su presentación ante la opinión pública. El Partido Popular esta mediatizado por la conexión directa de su actual portavoz con esos años de saqueo generalizado en toda la Comunidad de Madrid y elige la postura del Tancredo: en perfil para ofrecer al adversario menos blanco y matizando el silencio para que las futuras sentencias no le obliguen a comerse sus palabras. Bien distinta es la situación del PSOE: no puede gestionar la silla que ha birlado al Partido Popular, desmontar los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo, pactar salidas airosas con los coligados en la gestión, municipal,  proteger los recursos públicos y todo al tiempo. No puede. Solo tiene ante él soluciones difíciles por su misma naturaleza e incompatibles y antagónicas entre si.



Proporciona una explicación balbuceante; compleja; difícil de entender con la razón, - argumenta que no somos nosotros que fue el PP pero, ojo, el de la Comunidad de Madrid-  para acotar y reducir sus  daños y salvar a la única cabeza de cartel electoral de que dispone. Tiene la misma necesidad de romper su cordón umbilical con los responsables directos del fiasco y que apremia a Cristina Moreno. Pero tiene muchas dificultades. Sus coligados van a inquietarse si deja pasar el tiempo sin despejar dudas. Temen que les salpiquen las aguas del albañal abierto por el Tribunal Supremo. Y llegado a este punto, Moreno tiene un gobierno en una minoría ultra-plural de facto que no podría salvarl ni con todas las artes de Margarita Xirgu. No puede afrontar otra dimisiòn simulada y en diferido con mas conflictos, mas campañas en Twiter y a través de las redes dóciles, o más proclamas sobre el advenimiento de la derecha. Todo  agotó su efectividad  comunicativa en su última escaramuza. Además, llegan las primarias y los pedrosánchez están vigilantes. Reclaman su parte y no terminan de creer la rotunda conversión de la catecúmena y conversa a la fe verdadera.

La corte y el coro de Cristina Moreno elige desmontar a Dionisio Ballesteros desconociéndole toda relación con el PSOE, - ese señor por el cual usted pregunta,  es una afirmación posible a toda formación política en dificultades-. Quieren desligar sus iniciativa de todo apoyo de partido y toda relación con Cristina Moreno. Será el pagano de todo los males pasados presentes y futuros para que  Moreno salve sus muebles limpia de polvo, paja y responsabilidad. Las locales están cerca. Hay poco margen de maniobra, acuciada por el Ministerio de Hacienda, perseguida por las sentencias laborales que recibe cada día de los organos judiciales y desnortada por la gestión de la deuda de 200 millones de euros.

Pero los 'comunicólogos' del PSOE  están obligados a persistir en acotar riesgos y responsabilidades. Saben que esta aventura no tiene final feliz sin escenificar una  ruptura tácita y rotunda con las políticas que nos han traído hasta aquí o eligiendo otro cartel electoral.  Pero conocen que todo conlleva mayores riesgos que beneficios. Abriría el foco del escrutinio público sobre las irregularidades de la gestión en SAVIA, a la gestión de ADESA, a las contrataciones con OBRUM o a la tolerancia con los manejos delincuentes de Serrano Soldado, jefe de gabinete de Dionisio Ballestero y, al mismo tiempo, hombre de paja y apoyo de David Marjaliza y Francisco Granados en Aranjuez. 

Además, esa estrategia cuestiona la supervivencia política del propio grupo socialista para quién la trayectoria personal y política de Cristina Moreno ofrece obstáculos insalvables. Comenzó su andadura política de la mano de Dionisio Ballesteros, rescatada de su trabajo en un grupo de desarrollo local  financiado con Fondos Leader en la comarca de Ocaña. Alcanzó la  Delegación de Juventud, la de Deportes y la de Hacienda ante un déficit de banquillo político rotundo. Desde esas responsabilidades fue protagonista, impulsora y ejecutora de las políticas de Dionisio Ballestero. Su primera  acción relevante, en términos informativos, la constituyo el anuncio del primer Plan de Ajuste de 2004 que “iba a dejar el Ayuntamiento a cero” y hasta hoy. Su participación  en las relaciones con las empresas públicas y en las adjudicaciones municipales la conectan con un período oscuro de la Hacienda Local de Aranjuez en un camino transitado que no casa y se salda con la simple constatación de que Cristina Moreno solo pasaba por allí. Al fín y al cabo es quién ha logrado la silla tras finalizar los compases de la partitura que ha compuesto en parte.



jueves, 5 de octubre de 2017

El Pleno Municipal subroga a los presupuestos locales cerca de 18 millones de euros impagados por SAVIA

La Sociedad Local de Suelo y Vivienda (SAVIA) aumentará su carga sobre los recursos públicos en 18 millones de euros. La propuesta fue formulada por el Partido Socialista Obrero Español y apoyada por sus coligados en la gestión institucional. La cantidad se amortizará en un plazo de 28 años y, en términos contables, supondrá una ayuda gratuita a Liberbank para limpiar sus balances contaminados por pasivos inmobiliarios y facilitar la búsqueda de socios futuros en una absorción bancaria. Para las arcas municipales supondrá poco más o menos que la bajada de 4 décimas de punto porcentual en la carga de intereses y el aumento de la deuda municipal para los vecinos.

Se trata de una practica de “socialización de perdidas” que avaló la legislación estatal del Partido Popular para aquel famoso “préstamo europeo en buenísimas condiciones”. Lo novedoso aquí es que se realiza en términos locales, con la aportación imprescindible, condicionada o no, de las formaciones de Aranjuez nacidas para oponerse a estas prácticas y avalando la negativa al ciudadano de cualquier dato público. Ningún instrumento informativo digital detalla la cuantía de esta operación, ni sus repercusiones sobre las economías familiares. Ni cifras, ni proposiciones ni permisos necesarios. Nada de nada puede conocerse a través de la página web o de las actas plenarias. Menos aún de estas últimas que, sencillamente, no existen. Que no cunda el asombro. Quienes presentan, deciden y llevan a cabo este acuerdo son, en su gran mayoría y al mismo tiempo, miembros del Consejo de Administración de SAVIA, Liquidadores Judiciales, concejales del Pleno Municipal y  deudores de un banco en dificultades. ¿Cabe mayor confusión de intereses?, ¿Cabe mayor identidad?



Con ser importante la decisión trae a primer plano la forma en que se satisfacen los derechos ciudadanos a recibir información. Conecta a sus protagonistas con las prácticas de ayer mismo del gobierno del Partido Popular y muestra que la similitud entre ambas formaciones es grande. De lo que va este asunto, dejando la margen las implicaciones legales futuras de esta decisión plenaria, es sobre la negación institucional de los derechos ciudadanos. Del uso abusivo e inmotivado del término transparencia y de las pasadas continuas por los arcos de triunfo respectivos de cualquier norma legal asociada a ese sustantivo. Nadie debería tener que hacer esfuerzos titánicos para acceder a la información institucional que le afecta. Ninguna Institución debería coartar ese derechos mediante subterfugios y estratagemas dilatorias, más aún si convoca continuamente a la participación, a la asociación, a la transparencia. 





Se puede comprender que esta practica la necesite con urgencia un gobierno local conectado con la gestión desastrosa que sepultó a SAVIA o el oculta-miento al escrutinio legal y ciudadano de su primer y decisivo período de actividad mercantil emparentado con empresas y grupos de la trama Púnica. Pero es incomprensible el apoyo que unos grupos que nacieron para oponerse a esa forma de concebir la política local prestan a esta táctica falsaria. Tampoco puede comprenderse el apuntalamiento que hacen del hurto de la información al ciudadano o el beneplácito con el que acogen la grotesca comunicación municipal en la que, contra toda lógica, SAVIA sigue funcionando a toda pastilla, sigue promoviendo viviendas y sigue informando de listas de espera a despecho de todo enunciado de la Ley de Sociedades. Pues de eso va el asunto. De derechos ciudadanos por un lado o de ineptitud o frivolidad por el otro. Como si hubieran resucitado a Berlanga.

Para informarse más.
1.- Expedientes de préstamo de SAVIA