viernes, 13 de octubre de 2017

Cristina Moreno y Maria José Martinez: A reducir los daños de Las Cabezadas

El petardazo de Las Cabezadas pesa ya sobre las cuentas municipales. 14 millones de euros en total.  5 millones más que la reclamación original producidos por las tácticas dilatorias del Partido Popular y Partido Socialista llevadas a cabo para que el fin de la música judicial les pillara sin silla, al revés que en el juego infantil, o al mando de la Institución. Tanto da por que el pagano final es, como siempre, el ciudadano de Aranjuez y ninguna de las dos formaciones que  intervinieron y colaboraron en el fiasco.

El excalde de Aranjuez, José María Cepeda (PP) convocó el concurso para el desarrollo de más de 2,5 millones de metros cuadrados de Las Cabezadas. Jesús Dionisio Ballesteros (PSOE) adjudicó  este proyecto depredador y cerró los ojos ante su transferencia a 'Las Cabezadas de Aranjuez', una empresa de fortuna  con 3.000 euros de capital social fundada para ejecutar un proyecto de 400 millones de euros que dio con su estructura en los juzgados liquidadores al cabo del tiempo. Y a la vista de las publicaciones oficiales es una empresa imposible tratar de negar su realidad.

Ambos partidos mayoritarios deben afrontar ahora una situación complicada sin salidas fáciles en su presentación ante la opinión pública. El Partido Popular esta mediatizado por la conexión directa de su actual portavoz con esos años de saqueo generalizado en toda la Comunidad de Madrid y elige la postura del Tancredo: en perfil para ofrecer al adversario menos blanco y matizando el silencio para que las futuras sentencias no le obliguen a comerse sus palabras. Bien distinta es la situación del PSOE: no puede gestionar la silla que ha birlado al Partido Popular, desmontar los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo, pactar salidas airosas con los coligados en la gestión, municipal,  proteger los recursos públicos y todo al tiempo. No puede. Solo tiene ante él soluciones difíciles por su misma naturaleza e incompatibles y antagónicas entre si.



Proporciona una explicación balbuceante; compleja; difícil de entender con la razón, - argumenta que no somos nosotros que fue el PP pero, ojo, el de la Comunidad de Madrid-  para acotar y reducir sus  daños y salvar a la única cabeza de cartel electoral de que dispone. Tiene la misma necesidad de romper su cordón umbilical con los responsables directos del fiasco y que apremia a Cristina Moreno. Pero tiene muchas dificultades. Sus coligados van a inquietarse si deja pasar el tiempo sin despejar dudas. Temen que les salpiquen las aguas del albañal abierto por el Tribunal Supremo. Y llegado a este punto, Moreno tiene un gobierno en una minoría ultra-plural de facto que no podría salvarl ni con todas las artes de Margarita Xirgu. No puede afrontar otra dimisiòn simulada y en diferido con mas conflictos, mas campañas en Twiter y a través de las redes dóciles, o más proclamas sobre el advenimiento de la derecha. Todo  agotó su efectividad  comunicativa en su última escaramuza. Además, llegan las primarias y los pedrosánchez están vigilantes. Reclaman su parte y no terminan de creer la rotunda conversión de la catecúmena y conversa a la fe verdadera.

La corte y el coro de Cristina Moreno elige desmontar a Dionisio Ballesteros desconociéndole toda relación con el PSOE, - ese señor por el cual usted pregunta,  es una afirmación posible a toda formación política en dificultades-. Quieren desligar sus iniciativa de todo apoyo de partido y toda relación con Cristina Moreno. Será el pagano de todo los males pasados presentes y futuros para que  Moreno salve sus muebles limpia de polvo, paja y responsabilidad. Las locales están cerca. Hay poco margen de maniobra, acuciada por el Ministerio de Hacienda, perseguida por las sentencias laborales que recibe cada día de los organos judiciales y desnortada por la gestión de la deuda de 200 millones de euros.

Pero los 'comunicólogos' del PSOE  están obligados a persistir en acotar riesgos y responsabilidades. Saben que esta aventura no tiene final feliz sin escenificar una  ruptura tácita y rotunda con las políticas que nos han traído hasta aquí o eligiendo otro cartel electoral.  Pero conocen que todo conlleva mayores riesgos que beneficios. Abriría el foco del escrutinio público sobre las irregularidades de la gestión en SAVIA, a la gestión de ADESA, a las contrataciones con OBRUM o a la tolerancia con los manejos delincuentes de Serrano Soldado, jefe de gabinete de Dionisio Ballestero y, al mismo tiempo, hombre de paja y apoyo de David Marjaliza y Francisco Granados en Aranjuez. 

Además, esa estrategia cuestiona la supervivencia política del propio grupo socialista para quién la trayectoria personal y política de Cristina Moreno ofrece obstáculos insalvables. Comenzó su andadura política de la mano de Dionisio Ballesteros, rescatada de su trabajo en un grupo de desarrollo local  financiado con Fondos Leader en la comarca de Ocaña. Alcanzó la  Delegación de Juventud, la de Deportes y la de Hacienda ante un déficit de banquillo político rotundo. Desde esas responsabilidades fue protagonista, impulsora y ejecutora de las políticas de Dionisio Ballestero. Su primera  acción relevante, en términos informativos, la constituyo el anuncio del primer Plan de Ajuste de 2004 que “iba a dejar el Ayuntamiento a cero” y hasta hoy. Su participación  en las relaciones con las empresas públicas y en las adjudicaciones municipales la conectan con un período oscuro de la Hacienda Local de Aranjuez en un camino transitado que no casa y se salda con la simple constatación de que Cristina Moreno solo pasaba por allí. Al fín y al cabo es quién ha logrado la silla tras finalizar los compases de la partitura que ha compuesto en parte.



jueves, 5 de octubre de 2017

El Pleno Municipal subroga a los presupuestos locales cerca de 18 millones de euros impagados por SAVIA

La Sociedad Local de Suelo y Vivienda (SAVIA) aumentará su carga sobre los recursos públicos en 18 millones de euros. La propuesta fue formulada por el Partido Socialista Obrero Español y apoyada por sus coligados en la gestión institucional. La cantidad se amortizará en un plazo de 28 años y, en términos contables, supondrá una ayuda gratuita a Liberbank para limpiar sus balances contaminados por pasivos inmobiliarios y facilitar la búsqueda de socios futuros en una absorción bancaria. Para las arcas municipales supondrá poco más o menos que la bajada de 4 décimas de punto porcentual en la carga de intereses y el aumento de la deuda municipal para los vecinos.

Se trata de una practica de “socialización de perdidas” que avaló la legislación estatal del Partido Popular para aquel famoso “préstamo europeo en buenísimas condiciones”. Lo novedoso aquí es que se realiza en términos locales, con la aportación imprescindible, condicionada o no, de las formaciones de Aranjuez nacidas para oponerse a estas prácticas y avalando la negativa al ciudadano de cualquier dato público. Ningún instrumento informativo digital detalla la cuantía de esta operación, ni sus repercusiones sobre las economías familiares. Ni cifras, ni proposiciones ni permisos necesarios. Nada de nada puede conocerse a través de la página web o de las actas plenarias. Menos aún de estas últimas que, sencillamente, no existen. Que no cunda el asombro. Quienes presentan, deciden y llevan a cabo este acuerdo son, en su gran mayoría y al mismo tiempo, miembros del Consejo de Administración de SAVIA, Liquidadores Judiciales, concejales del Pleno Municipal y  deudores de un banco en dificultades. ¿Cabe mayor confusión de intereses?, ¿Cabe mayor identidad?



Con ser importante la decisión trae a primer plano la forma en que se satisfacen los derechos ciudadanos a recibir información. Conecta a sus protagonistas con las prácticas de ayer mismo del gobierno del Partido Popular y muestra que la similitud entre ambas formaciones es grande. De lo que va este asunto, dejando la margen las implicaciones legales futuras de esta decisión plenaria, es sobre la negación institucional de los derechos ciudadanos. Del uso abusivo e inmotivado del término transparencia y de las pasadas continuas por los arcos de triunfo respectivos de cualquier norma legal asociada a ese sustantivo. Nadie debería tener que hacer esfuerzos titánicos para acceder a la información institucional que le afecta. Ninguna Institución debería coartar ese derechos mediante subterfugios y estratagemas dilatorias, más aún si convoca continuamente a la participación, a la asociación, a la transparencia. 





Se puede comprender que esta practica la necesite con urgencia un gobierno local conectado con la gestión desastrosa que sepultó a SAVIA o el oculta-miento al escrutinio legal y ciudadano de su primer y decisivo período de actividad mercantil emparentado con empresas y grupos de la trama Púnica. Pero es incomprensible el apoyo que unos grupos que nacieron para oponerse a esa forma de concebir la política local prestan a esta táctica falsaria. Tampoco puede comprenderse el apuntalamiento que hacen del hurto de la información al ciudadano o el beneplácito con el que acogen la grotesca comunicación municipal en la que, contra toda lógica, SAVIA sigue funcionando a toda pastilla, sigue promoviendo viviendas y sigue informando de listas de espera a despecho de todo enunciado de la Ley de Sociedades. Pues de eso va el asunto. De derechos ciudadanos por un lado o de ineptitud o frivolidad por el otro. Como si hubieran resucitado a Berlanga.

Para informarse más.
1.- Expedientes de préstamo de SAVIA