La Sociedad Local de
Suelo y Vivienda (SAVIA) aumentará su carga sobre los recursos
públicos en 18 millones de euros. La propuesta fue formulada
por el Partido Socialista Obrero Español y apoyada por sus coligados en la gestión institucional. La cantidad se amortizará
en un plazo de 28 años y, en términos contables, supondrá una ayuda gratuita a Liberbank para limpiar sus balances contaminados por pasivos inmobiliarios y facilitar la búsqueda de socios futuros en una absorción bancaria. Para las arcas municipales supondrá poco más o
menos que la bajada de 4 décimas de punto porcentual en la carga de
intereses y el aumento de la deuda municipal para los vecinos.
Se trata de una practica de “socialización
de perdidas” que avaló la legislación estatal del Partido Popular para aquel famoso “préstamo europeo en buenísimas condiciones”.
Lo novedoso aquí es que se realiza en términos locales, con la
aportación imprescindible, condicionada o no, de las formaciones de
Aranjuez nacidas para oponerse a estas prácticas y avalando la negativa al ciudadano de cualquier dato público.
Ningún instrumento informativo digital detalla la cuantía de esta operación, ni sus repercusiones sobre las economías familiares. Ni
cifras, ni proposiciones ni permisos necesarios. Nada de nada puede conocerse a
través de la página web o de las actas plenarias. Menos aún de
estas últimas que, sencillamente, no existen. Que no cunda el
asombro. Quienes presentan, deciden y llevan a cabo este acuerdo son, en su gran mayoría y al mismo tiempo, miembros del Consejo de Administración de SAVIA, Liquidadores Judiciales, concejales del Pleno Municipal y deudores de un banco en dificultades.
¿Cabe mayor confusión de intereses?, ¿Cabe mayor identidad?
Con ser importante la decisión trae
a primer plano la forma en que se satisfacen los derechos ciudadanos
a recibir información. Conecta a sus protagonistas con las prácticas de ayer mismo del gobierno
del Partido Popular y muestra que la similitud entre ambas formaciones es grande. De lo que va este asunto, dejando la margen las
implicaciones legales futuras de esta decisión plenaria, es sobre la
negación institucional de los derechos ciudadanos. Del uso abusivo e
inmotivado del término transparencia y de las pasadas continuas por
los arcos de triunfo respectivos de cualquier norma legal asociada a
ese sustantivo. Nadie debería tener que hacer esfuerzos titánicos
para acceder a la información institucional que le afecta. Ninguna
Institución debería coartar ese derechos mediante subterfugios y
estratagemas dilatorias, más aún si convoca continuamente a la
participación, a la asociación, a la transparencia.
Se puede comprender que esta practica la necesite con urgencia un gobierno local conectado con la gestión desastrosa que sepultó a SAVIA o el
oculta-miento al escrutinio legal y ciudadano de su primer y decisivo
período de actividad mercantil emparentado con empresas y grupos de la trama Púnica. Pero es incomprensible el apoyo que unos grupos que nacieron para oponerse a esa forma de concebir la política local prestan a esta táctica falsaria. Tampoco puede comprenderse el apuntalamiento que hacen del hurto de
la información al ciudadano o
el beneplácito con el que acogen la grotesca comunicación municipal en
la que, contra toda lógica, SAVIA sigue funcionando a toda pastilla,
sigue promoviendo viviendas y sigue informando de listas de espera a
despecho de todo enunciado de la Ley de Sociedades. Pues de eso va el
asunto. De derechos ciudadanos por un lado o de ineptitud o
frivolidad por el otro. Como si hubieran resucitado a Berlanga.
Para informarse más.
1.- Expedientes de préstamo de SAVIA
1.- Expedientes de préstamo de SAVIA
4.- Credito 6410-9
5.- Credito 6410-10
6.- Credito 6410-07
7.- Credito 6419_08
8.- Crédito 6410_6
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