Así se saqueó una ciudad

Mantener la paz social de Aranjuez fue la gran cortina de humo generada por el equipo de gobierno de Dionisio Ballesteros, del que la actual alcaldesa era parte sustancial, para justificar la gran piñatade compraventas y edificaciones posteriores sobre suelo de la antigua factoría de Agfa Geavert, cerrada en 2001.

Enrique Porto Rey,director de Urbanismo y Planificación del gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, redactó y aprobó el plan de actuación de la zona unos años más tarde para “dotarla de valor y contenido” pero dimitió en 2006. Porto Rey tenía la mala costumbre de redactar esos proyectos interesados a través de empresas interpuestas y aprobados rapidamente por la dirección general para la que le había nombrado Esperanza Aguirre. Al final esta conducta le pasó factura política y debió dimitir. Ni antes, ni durante, ni después saltaron las alarmas de las agrupaciones políticas y sindicales de Aranjuez. Lo cierto es que nada de lo aprobado se puso en entredicho y varias empresas tomaron posiciones en la propiedad del suelo de esta actuación urbana.

Con ese interés común y gozando de información privilegiada a través de sus contactos directos en la Corporación pudieron acordar ese reparto constructivo que el responsable de la Trama Púnica , David Marjaliza, ha facilitado al instructor de los sumarios. Cada uno de los signatarios fue retribuido con una porción variable de terreno por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA), cuyo descalabro en la gestión fue justificado y sus pérdidas socializadas pasado el tiempo por los mismos actores políticos que legitimaron ese acuerdo, mientras que las plusvalías económicas generadas se desvanecieron sin más.

Lo relevante de este caso es que constituyó una experiencia piloto del saqueo de una ciudad utilizando empresas vinculadas al poder político local. El mecanismo no era nuevo aunque en esta ocasión sí la cuantía de los recursos públicos puestos en juego en Aranjuez y el volumen de extracción de las plusvalías que debieran haber revertido en los ciudadanos. Lo innovador es el “acuerdo de caballeros” para dividir el territorio de manera 'respetable' en zonas de influencias al más puro estilo chicaguense. Lo auténticamente novedoso es la interrelación empresarial protagonista del saqueo institucional y su conexión con otras prácticas similares más allá de las fronteras del municipio para conformar grandes redes especulativas en diversas comunidades autónomas.

Un primer grupo, algo así como la red de cercanías de la corrupción; con límites en Puente Largo y Las Cabezadas, eran empresas locales vinculadas al grupo conservador ribereño como 'Proyectos y Soluciones Gestión 10' con una gestión explosiva gracias a directivos que ya habían tenido ocasión de conocer y participar de los planes urbanístico tras su paso por el Ayuntamiento de la ciudad.

Otras estaban situadas en el espectro político contrario y en la misma posición de ventaja e influencia con los gobiernos socialistas. Era el caso de 'Ribereña de Vivienda Social' con un ex-secretario de Organización del Partido Socialista de Aranjuez como socio principal y, posteriormente, con Antonio Serrano Soldado, jefe de gabinete del entonces alcalde Dionisio Ballesteros y mano derecha de David Marjaliza.

El último de los convidados al banquete fue este mediante sus empresas Atalía Gestión y Vancouver y con una extensión y profundidad que todavía están comprobando los sumarios judiciales. Entró por derecho propio a través de estas sociedades o mediante participadas por Serrano Soldado que contó con hilo directo con la Alcaldía de Aranjuez y la concejalía de Urbanismo. En último lugar se encuentra el grupo 'Construcciones Yeregui Siglo XXI' el más potente y diverso de todos vinculado a los municipios de Marbella, Fuengirola, Estepona y Ciempozuelos o el grupo vasco Proinsa, socio único de Agfa Aranjuez.

Desde luego que David Marjaliza es un delincuente convicto y confeso. No hay duda alguna. Pero los sumarios y vistas orales en las que se ha visto involucrado han ido confirmando sus afirmaciones ante los jueces. Aunque para ser justo no fue el primero. Se adelantó Rafael Páez,portavoz del Partido Comunista, en una denuncia pública donde describía con todo lujo de detalles los entramados del saqueo de Agfa y el papel rector que los partidos políticos y la Empresa Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez tuvieron en ese momento.

Un tiempo después fue Pilar Quintana, entonces portavoz del grupoACIPA. Luego le tomó el relevo Paloma Baeza, también de ACIPA quien se refirió el escándalo que supuso al absorcion de la deuda de SAVIA por el Ayuntamiento de Aranjuez y el peso económico insoportable que recaería sobre los ciudadanos. Ni caso. Las respuestas directas de los grupos políticos o indirectas a través de medios subvencionados fue tóxica. Casi sangrienta. El acoso fue tan despiadado, el tejido de falsedades tan denso y coparticipado por los presuntos impulsores del desbarre de AGFA que los tres acabaron por abandonar sus cargos públicos en diversos intervalos de tiempo. Ahora todavía colea ante los jueces y, al parecer, lo que te rondaré moreno.