Agfa, sin frenos de emergencia

Ni control legal, ni financiero, ni de eficiencia ni económico. La adjudicación de las parcelas de  Agfa se tomó por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA) en ausencia del Interventor Municipal o el Secretario General de la Corporación. Es decir, sin ningún freno de emergencia.

A la sesión del Consejo solo asistieron sus 8 consejeros, representantes de los partidos  que componían la Corporación Municipal en aquél momento,  presididos por el alcalde de la localidad Jesús Dionisio Ballesteros. El documento no reseña la presencia de estos funcionarios municipales que también faltan en sesiones precedentes o posteriores. No se recogen tampoco sus intervenciones sobre los acuerdos. Algo que causa extrañeza ya que el funcionamiento de la Sociedad fue objeto de serios reproches por la Cámara y el Tribunal de Cuentas en sus auditorias sobre el funcionamiento municipal.

La adjudicación de las parcelas fueron realizadas en un orden extraño y según un pliego de condiciones oscuro, incompleto en algunos requisitos y que no aparece en la web de la mercantil SAVIA. En la sesión de adjudicación celebrada el 17 de julio de 2007, solo la consejera Pilar Quintana se opuso a la forma y fondo de las adjudicaciones y solicitó información complementaria que le fue negada por Dionisio Ballesteros. La entonces representante de ACIPA preguntaba: ¿Como confiar  en una sociedad mercantil que niega el detalle de las cuentas a una consejera?. No parecía faltarle la razón. Los únicos pliegos de condiciones existentes están fechados entre 2014 y 2017. Ni rastro de fechas anteriores. 

El acuerdo debió llegar ya redactado y listo para la aprobación ya que no se registran operaciones de valoración de las ofertas ni discusión alguna. Algunos consejeros de esos años triunfales relatan que la ausencia de Interventor o Secretario era la norma. De la legalidad de los acuerdos debían responder los gestores de Larcovi, los posteriores gerentes: Diego Martínez Cerón, antiguo alcalde  de Alhama de Murcia  o su predecesor nombrado por el Partido Popular, José María Puente Barral: el más efímero de los gerentes y que salió a escape de la mercantil al poco tiempo de ser nombrado..

Diego J. Martínez Cerón, primero por la derecha

Tal fue el descontrol organizativo y legal cuando se llegó a la disolución de la Sociedad que hubo serios problemas para realizarla. SAVIA no había comunicado con regularidad los cambios de consejeros o presidentes al Registro Mercantil quién se negó a admitir nuevas incorporaciones o ceses. Por esta razón los acuerdos sobre la disolución debieron ser comunicados por ex-presidentes del Consejo que ya no podían ejercer esa responsabilidad al no ser alcaldes de la Corporación. Solo en 2017 y solo durante ese año, el Registro Mercantil apunta a la existencia de un secretario no consejero que coincide con el de Secretario General de la Corporación. Pero ya no había legalidad por la que velar y era un nombramiento obligado para poder entrar en liquidación concursal.

Ni siquiera el Consejo de Administración de SAVIA era el gestor directo de las decisiones económicas o empresariales de la sociedad mercantil. Su función era la de aprobar las propuestas presentadas por la empresa LARCOVI a quién se adjudicó la gestión de SAVIA hasta su revocación en 2011 o las formuladas por Diego Martínez Cerón. Y los problemas eran graves: se debió afrontar la financiación de numerosos créditos hipotecarios contraídos con la entidad Liberbank, la sobrevaloración en balances y hasta en un 30 por cien el precio de  los activos sobre el precio de mercado o enfrentar reclamaciones judiciales de las empresas adjudicatarias. El Ayuntamiento de Aranjuez pagó a Larcovi ¡más de 8 millones de euros! por su gestión.

Pagos efectuados a la gestora Larcovi

La cifra figura en las auditorias de la Cámara de Cuentas de Madrid, la misma institución de control supramunicipal que decía en su informe que la organización y gestión de la Sociedad de Suelo de Aranjuez era inexistente. En sus auditorias afirma que “no consta el ejercicio de las funciones de la Intervención Municipal sobre la contabilidad de la sociedad”. Del mismo modo se expresa en lo referido a su financiación u operaciones mercantiles realizadas: “no consta que se hayan efectuado controles financieros, económicos o de eficacia administrativa. Es particularmente relevante en lo que se refiere a las operaciones realizadas por la empresa SAVIA, donde además concurre la circunstancia de que la gestión se realiza por una empresa privada que simultanea estas operaciones con otras propias en el mismo sector económico”. Unos párrafos para decir de manera elegante que todo estaba manga por hombro, que no se cumplían normativas y que el gestor también gestionaba para si mismo.

La gestión de la mercantil, ahogada ya por reclamaciones judiciales, deudas y exigencias bancarias de pago que la Cámara llega a afirmar en sus controles: “no se ha encontrado toda la documentación, ni se puede asegurar que se conserve”. Una minucia que extiende a la propia organización municipal. A ambas les dijo que “los mecanismos de control para el desarrollo de su actividad son, considerados en su conjunto, inadecuados para asegurar un conveniente ejercicio de las funciones encomendadas por la normativa, dentro de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Esta organización deficiente de la gestión del municipio también ha generado la inexistencia, o falta de fiabilidad, de numerosa información y de controles, lo que ha ocasionado que la fiscalización se haya visto sometida a limitaciones” En síntesis, SAVIA no garantizó legalidad, eficiencia, eficacia ni economía.Fue luego un descenso a tumba abierta sin frenos de emergencia.