El Ayuntamiento de Aranjuez ignoró durante cinco años sus reglas legales para la construcciòn de parques y zonas de recreo infantiles contenidas en una ordenanza reguladora y olvidada luego en las nuevas instalaciones o en la adaptación de las existentes. Fue aprobada por el Pleno municipal en 2013 para eludir el vacío legal sobre la seguridad de estas áreas y las características de sus materiales. Subordinaba su construcción y mantenimiento a múltiples recomendaciones de varias administraciones, incluida la Unión Europea, e imponía el cumplimiento de 11 normas UNE a los instaladores de zonas de juego para el Ayuntamiento de Aranjuez. (Las normas UNE son catálogos de procedimiento y homologación elaborados por la asociacion AENOR para conseguir resultados fijos y estándares de calidad o seguridad)
La norma municipal entró en vigor teórico 5 años después de que un primer informe del Defensor del Pueblo pusiera el acento en la seguridad y accesibilidad de las zonas infantiles de juego en una actuación que ha repetido cada año. Digo en vigor teórico por que, cinco años más tarde, se conoce que fue ignorada sistemáticamente. No consta el cumplimiento de esas exigencias en las construcciones. No consta o nunca se realizó una inspección en profundidad de todas las instalaciones ni de sus operaciones de mantenimiento. Nunca se comprobó la idoneidad de materiales, formas constructivas o anclajes de los juegos. Razón por la cual ahora es urgentísimo realizarlo. Blanco y en botella.
Desde ese buen día de septiembre en que el que el Pleno Municipal aprobara la ordenanza se han sucedido dos gobiernos municipales del Partido Popular y el Partido Socialista respectivamente. Ninguno derogó o modificó este texto que recoge la totalidad de las recomendaciones efectuadas por la Unión Europea, el Defensor del Pueblo y las principales asociaciones profesionales del sector con el fín de reforzar la seguridad de sus pequeños usuarios. Así que siguen vigentes en la regulación de cualquier acción municipal presentes o futuras.
La decisión de externalizar el mantenimiento de estas áreas ha puesto de relieve la inacción de estos dos gobiernos locales y plantea la necesidad de “certificar estas instalaciones”. Pero es una afirmación baldía ya que la ordenanza municipal exige determinadas características de seguridad imposibles de eludir -si se realizara un correcto control técnico municipal- en cuanto a espacios, materiales y juegos. Establece superficies mínimas, edades de los usuarios, tipología de construcción, catálogo de materiales y otras exigencias legales para cumplir hasta 11 Normas Técnicas. Ni la Ordenanza Municipal ni otras textos profesionales hablan de certificaciones de seguridad ni de autoridades certificadoras concretas para este tipo de instalaciones ya que, sencillamente, no existen. Solo las genéricas y profesionales que redactan las normas españolas de homologación, ya de por si bastante exigentes. Es más, sin cumplir esa ordenanza y sus normas, las áreas de juego no deberían haber funcionado jamás.
Pero de la misma forma que los equipos de gobierno local han ignorado y postergado la seguridad infantil por otras consideraciones, han ignorado lo acordado por diferentes organizaciones en este terreno. Un grupo de 8 asociaciones de distintas naturaleza - (Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CC.OO, Asociación de Madres y Padres de la Plaza del 2 de Mayo, Save the Children, U.G.T. y UNICEF)- entre las que se encuentra la Federación de Municipios de la que Aranjuez forma parte, redactó un decálogo de medidas de seguridad en el que se inspiró la ordenanza municipal tan sistemáticamente desatendida y publicado en unos años en que varios accidentes mortales de niños pusieron en solfa las actuaciones de las administraciones locales.
Entre otras cuestiones y no menos importantes, estas recomendaciones luego recogidas por otros textos legales obligaban a las instituciones unas revisiones exhaustivas de seguridad en las que, al parecer, no podrían ser sustituidas por entidades ajenas a la estructura municipal. Tales operaciones consistían en una revisión visual rutinaria de seguridad con una periodicidad de tres semanas, una inspección trimestral de la funcionalidad del área de juegos y una inspección anual en profundidad para “comprobar la seguridad global de los equipos, cimentación, superficie, llegando hasta la excavación o desmontaje de las partes ocultas empotradas si fuera preciso”.
Pero no parece que ninguna de estas exigencias se hayan cumplido. Efectivamente, el acento por parte de los grupos políticos está puesto en un fantasmal proceso de certificación, en la búsqueda de una no menos ectoplásmica autoridad certificadora o en la necesidad de realizar una auditoria completa de las instalaciones antes de subastar su supervisión. Cualquier cosa antes que dilucidar por qué un Ayuntamiento ignoró durante cinco años sus propias normativas, por qué nadie lo exigió de sus representantes electos y por qué nadie parece interesado en dilucidar los motivos de un silencio extendido que pone en cuestión la preocupación real de toda una institución local por la seguridad física de sus ciudadanos más pequeños.
Fuentes
Una más... ¡Dejadez, desidia..! Aranjuez en estado puro
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