Un airecillo con Cesio 137

Las reseñas sobre aquellas aguas radioactivas vertidas por la Junta de Energía Nuclear desde su reactor de Moncloa hacia los pueblos de la ribera del Jamara y Tajo aparecen en los medios informativos cada cierto tiempo. Ya no es un hecho de actualidad. Es materia de hemeroteca. Aún así, llama la atención el silencio prolongado mantenido por las instituciones, ya dictatoriales, ya democráticas, ante las desconocidas repercusiones de un suceso que condicionó la salud pública en varias décadas de las poblaciones del Sur madrileño. 

Sigue sin conocerse su alcance en la actualidad. La Administración Pública española liberó cantidades desconocidas de Cesio 137, Estroncio 90, Rutenio 106 y Plutonio al entorno madrileño. Algunos elementos agotaron su capacidad de radiación después de 35 años de desintegración nuclear pero esta es una deducción arbitraria, no comprobada o sabida. Lo reconozco. Pero también sé que puede no haberse dicho todo o no conocerse todo en este episodio de ocultación institucional; que no se haya investigado nada sobre las repercusiones en la vida de los pobladores de los cursos del Manzanares, Jarama o Tajo o no se haya cuantificado su alcance actual. Todas las posibilidades, juntas o por separado, acrecientan las dudas sobre la credibilidad de las explicaciones de las administraciones involucradas si hubieran existido. No ha sido así. El silencio o la ocultación igualan las instituciones tardofranquistas españolas y las originadas en la larga transición democrática española con las actuales que, incluso en sus niveles locales, tienen compromisos serios, profundos e imperativos por ley con la seguridad y la salud que han transgredido..

Hubo silencio y ocultación en la Junta de Energía Nuclear, un órgano franquista creado en 1951 y presidido por el general Juan Vigón que centralizó las investigaciones atómicas de uso militar de la Dictadura. Se mantuvo durante la construcción del reactor nuclear de Moncloa. Prosiguió bajo la presidencia de Francisco Pérez Cerdá, recientemente fallecido siendo rector de los ingenieros alicantinos. Continuó hasta su integración en el CIEMAT. Los sucesivos 12 responsables máximos de la cosa, nombrados por administraciones socialistas y del Partido Popular, ahondaron esa postura que solo una pregunta parlamentaria amenaza con quebrar tras 40 años de silencio solo interrumpido por alguna que otra reseña periodística.

El mutismo de los Ayuntamientos ribereños es flagrante e injustificable después de  conocerse los hechos. Más en unas instituciones tan dadas a las mociones grandilocuentes y de gatillo tan fácil cuando se trata de palabras vacías. Ni una sola. Es flagrante pero no extraño. Imitan las actitudes de sus formaciones madre y puede comprenderse por que no es un tema grato de comunicar. No  tiene rentabilidad electoral. Y acarrea numerosos riesgos si es tratado con torpeza, tal y como se estila por aquí; el principal es su consecuencia sobre la economía local: nadie en su sano juicio se prestaría a viajar a Fukushima de buen grado para pegarse un atracón de sushi costero y tempura. 

Pero ocurre que esos Ayuntamientos no pueden evadir la pelota. No pueden permanecer en silencio como hacen frente a cualquier cuestión que les desagrada: deuda, transportes, o infraestructuras. En este caso con menor justificación al ser la institución más cercana a los ciudadanos por usar su argumentación pedante. Mucho más que otras directamente involucradas aunque apegadas a los intereses administrativos o a los de las grandes compañías energéticas.  Pero si no es la distancia al vecino la que les impulsara a la acción, debiera espolearles un mínimo de coherencia con sus funciones legales e imperativas para preservar la seguridad del ciudadano y la Salud Pública que sí, - ¡Oh sorpresa!- son competencias municipales. Una consideración que tendría que impulsar al concejal o concejala de la cosa en Aranjuez a exigir mas información tras conocer los hechos; pedir responsabilidades; cuantificar las consecuencias pasadas o futuras o demandar estudios epidemiológicos desde la fecha del vertido. Se lo exige la atención a esas obligaciones institucionales para con los ciudadanos que pagan sus sueldos cuando no la pura y simple curiosidad. Pero ni así. Que si quieres estroncio Catalina. Aquí no ha pasado nada y si ha pasado pues se le saluda con mucha educación. ¿Hace otra ración de airecillo al Cesio 137?