Los vecinos de Aranjuez asumirán las pérdidas millonarias de la empresa municipal de suelo y vivienda SAVIA por decisión plenaria pese a que un informe confidencial no conocido por el Pleno evidenciara la existencia de posibles delitos societarios. El informe fue encargado a la consultora AUREN que describió la situación real de la mercantil ribereña y lo entregó al Consejo de Administración de SAVIA el 16 de febrero de 2016. Unos días antes SAVIA solicitó la absorción y el Pleno municipal, que funcionaba también como Asamblea General de la sociedad anónima, aprobó el pasado 31 de marzo iniciar los trabajos preparatorios. Las pérdidas de SAVIA serán compensadas por el Presupuesto local en un próximo pleno previsto antes de las vacaciones de verano o coincidiendo con ellas.
La decisión final estará impulsada por el Gobierno local. Contará con el beneplácito más o menos explicito de los grupos municipales. Formalmente se justifica en los presuntos beneficios de la gestión de un número indeterminado de viviendas promovidas por SAVIA con recursos públicos que se transformarán en protegidas, aunque la propuesta no parece especificar a través de qué procedimiento. Todas ellas están sometidas a cargas hipotecarias que superan los 20 millones de euros en conjunto según la contabilidad de 2015 aunque esta cifra no contempla el crecimiento exponencial de los intereses tras los avisos de impagos y ejecuciones hipotecarias. Su valor real de mercado sería muy inferior a esta cantidad y estaría sometido a una depreciación de, al menos , el 30 por ciento, lo que dificultaría su gestión económica manejable en el futuro para “obtener un balance equilibrado” según un informe de la Tesorería Municipal. La valoración contable, realizada en su momento por técnicos municipales trabajando en dependencia de SAVIA y las anotaciones contables fue descalificada unas por la Cámara de Cuentas de Madrid en dos ocasiones y otras por un documento pericial de un experto inmobiliario.
El informe confidencial tenía como objeto programar las posibles salidas a la situación de quiebra técnica de la sociedad anónima ribereña y fue encargado por sus gestores a la consultora AUREN a la que se retribuyó con fondos de procedencia pública. El Pleno municipal y los concejales no miembros del Consejo de Administración no conocieron su contenido, al menos formalmente, ya que su difusión confidencial estuvo restringida solo a los gestores de la sociedad. También fue apartado del escrutinio público y no se trató en el expediente de la decisión municipal que iniciaba la absorción de SAVIA el 31 de marzo del año pasado. En esas fechas el documento ya existía y desde el 16 de febrero era conocido por los miembros del Consejo de Administración de SAVIA, al mismo tiempo concejales o portavoces del Pleno Municipal.Todos ellos conocieron su contenido trascendental y gravoso para el futuro de la Hacienda Municipal de Aranjuez lo que no impidió que continuaran los trabajos de absorción sabiendo de su relevancia y del incremento exponencial de la deuda municipal que produciría.
Lo relevante de este informe hurtado al conocimiento del público es la afirmación de la consultora sobre hechos de gestión diaria que, sumados unos con otros, podrían calificarse de delitos societarios y evitar una liquidación culpable: es decir, realizada con ánimo de causar daño voluntariamente, con el deseo de obtener algún beneficio o involuntariamente por negligencia o desatención. En síntesis, recomendaba la asunción de activos y pasivos de la sociedad disuelta imperativamente por un decreto gubernamental junto a otras sociedades de capital público en situación similar.
Entre otros, AUREN señala como hechos reseñables la falta de aprobación de las cuentas anuales, la ausencia reiterada de su presentación en el Registro público, la tardanza en la presentación del concurso de acreedores, el mantenimiento de una situación de insolvencia y la no legalización de su contabilidad y sus instrumentos contables. Por si fuera poco, la Cámara de Cuentas ratificó estos hechos en 2011 y 2015 y daba cuenta de las maniobra de adjudicación de obra pública o cesiones de patrimonio local y suelo a por parte de los gestores de SAVIA a empresas afincadas en el corazón mismo de la Trama Púnica.
El documento construye también en sus páginas la ficción jurídica necesaria para exculpar a los gestores. Si podemos, venía a decir, vayamos al convenio de acreedores ya que los jueces no pueden modificarlo; garantizamos e incrementamos de paso los intereses económicos de Liberbank – que hubieran debido quedarse con unos activos que ellos mismos sobretasaron-; hacemos que sean los Presupuestos que paguen mes a mes las cuotas hipotecarias; - limitando aún más los servicios públicos- e impediremos el escrutinio penal sobre cuentas y gestión. Para argumentar todo esto, se repitió hasta la saciedad que “la naturaleza pública de la empresa obligaba a su absorción por el Ayuntamiento de Aranjuez” aunque se fuese consciente de que era una tremenda falsedad para garantizar impunidades.
Varios informes de altos cargos municipales dudaron en su momento de la legitimidad de esa maniobra perjudicial para el interés público. Tanto ellos, como otros expertos en Derecho Societario, subrayan que, efectivamente, SAVIA es una sociedad anónima de capital público está sujeta a las normas mercantiles que regulan su gestión como otras sociedades anónima; su responsabilidad en el descalabro se limita al capital social suscrito, y sus gestores están sometidos a las leyes societarias en el caso de las responsabilidades económicas y a las penales en caso de gestión con daños . Y tiene su importancia. En la primera de las interpretaciones, Liberbank salvaba las consecuencias de créditos hipotecarios que jamás iban a pagarse y se cargaba el peso final sobre las economías familiares en vez de dejar que las corporaciones bancarias imprudentes o especuladoras cargaran con el peso de sus decisiones inadecuadas. La socialización de las perdidas fue el precio a pagar para exonerar a los gestores de SAVIA de cualquier responsabilidad pasada y futura y el impulsado por los grupos políticos. Ya lo anticipó Cristina Moreno y ahora la Corporación lo hará suyo. “No miremos al pasado”.
La absorción es el objeto único y buscado que explica estas actuaciones dicen algunos de los técnicos municipales: “Va a cargar sobre las economías familiares un agujero económico indeterminado y durante muchísimo tiempo” en un 'El que venga atrás que arree' máxima económica experimentada hasta el paroxismo por el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero como aquí los dañados son los ciudadanos de Aranjuez y como los que toman estas decisiones perjudiciales son actores protagonistas y secundarios y, además, cargos electos públicos y corporaciones bancarias en sintonía, pues aquí paz y después gloria. Vayan preparando su reclamación al maestro armero cuando todo esto no de más de si.
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