La sobrevaloración de los activos inmobiliarios de SAVIA era conocida desde el 2010 y reseñada por la primera de las sucesivas fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Aranjuez y sus empresas públicas en sendos informes entregados a los gobiernos locales del Partido Popular y el Partido Socialista. Entre un cúmulo de conclusiones y recomendaciones,-cerca de un centenar entre ambas auditorias-, figura la advertencia de la discrepancia existente entre los valores contables apuntados y los reales de mercado, en un similar porcentaje al apuntado en el posterior informe del Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Manuel Sánchez Ramos.
El diablo suele estar en esos detalles nimios. Más aún cuando una sociedad mercantil responde con el valor de su patrimonio por las deudas contraídas. Una situación en la que el alza o la baja en una pequeña cifra marca la diferencia entre la salud o la muerte societaria o justifica el inicio de pesquisas judiciales contra los administradores.
Son los mismos detalles que tuvieron en cuenta los auditores de la Cámara de Cuentas cuando inspeccionaron las cuentas municipales y de la mercantil ribereña y determinaron que las de esta última, al menos las existentes, “muestran resultados negativos desde 2008”. Los informes se envían a las instituciones examinadas y están a disposición del ciudadano en la web del organismo aunque están ausentes en la información electrónica del Ayuntamiento de Aranjuez pese a su relevancia.
Son los mismos detalles que tuvieron en cuenta los auditores de la Cámara de Cuentas cuando inspeccionaron las cuentas municipales y de la mercantil ribereña y determinaron que las de esta última, al menos las existentes, “muestran resultados negativos desde 2008”. Los informes se envían a las instituciones examinadas y están a disposición del ciudadano en la web del organismo aunque están ausentes en la información electrónica del Ayuntamiento de Aranjuez pese a su relevancia.
Las auditorias públicas se realizaron entre el 2010 y el 2014. Por su dilatado período de trabajo, análisis de datos y redacción incluyen aspectos de las cuentas locales desde el 2008 hasta cerca del 2016. Se trata de períodos gestionados por el Partido Socialista y el Partido Popular en el terreno municipal como en el del día a día de la Sociedad de Suelo y Vivienda . La mercantil fue administrada en ese tiempo por Diego Martínez Cerón, diputado socialista de la Asamblea Regional de Murcia entre 1999 y 2003 y José María Puente Barral; familiar de Juan Van Halen (político popular imputado en el caso de venta de viviendas sociales de Madrid al fondo AZORA).
Las fiscalizaciones sucesivas, entre otras constataciones administrativas y económicas, describen el descenso del valor de los inmuebles en una tercera parte de su apunte contable entre 2012 a 2014 y llama la atención sobre las últimas operaciones de venta de SAVIA. A modo de ilustración sobre las discrepancias entre su valor contable y su valor real, la Cámara reseña cuatro convocatorias sucesivas de subastas en las que desciende el valor inicial del suelo hasta los 137 euros/ metro cuadrado final en un decrecimiento de su valor que llega hasta casi el 50 por ciento de su precio de salida.
La segunda auditoria contable y administrativa enumera 31 conclusiones y 12 recomendaciones añadidas a las 35 recomendaciones y 20 conclusiones que ya hacia el primer informe. Entre ambos suman 98 indicaciones de la Cámara de Cuentas referidas, principalmente, a la mercantil SAVIA, la Institución Municipal, las relaciones económicas y administrativas entre ambas con un especial insistencia en los déficits de control públicos sobre la mercantil. A tenor del funcionamiento y la situación actual de SAVIA ninguna debió ser atendida por la Administración local.
La segunda auditoria contable y administrativa enumera 31 conclusiones y 12 recomendaciones añadidas a las 35 recomendaciones y 20 conclusiones que ya hacia el primer informe. Entre ambos suman 98 indicaciones de la Cámara de Cuentas referidas, principalmente, a la mercantil SAVIA, la Institución Municipal, las relaciones económicas y administrativas entre ambas con un especial insistencia en los déficits de control públicos sobre la mercantil. A tenor del funcionamiento y la situación actual de SAVIA ninguna debió ser atendida por la Administración local.
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