La noticia es que el pacto de la derecha madrileña por la Comunidad de
Madrid auditará sus cuentas y exigirá responsabilidades patrimoniales a los
causantes. Supongo que ahí señalan a los gobiernos sucesivos del Partido Popular
con su repertorio de cargos públicos imputados y recursos públicos saqueados.
La mala noticia es que los grupos municipales de Aranjuez no se animan a
hacer los propio. Dejan la marca de la legalidad y la honestidad en manos de
quienes acaban por hacerlas trizas al paso del tiempo. La inacción de las formaciones mayoritarias se explica en los lazos, antecedentes y consecuentes que
unen gobiernos locales actuales y anteriores y la extensa red de silencio y
desconocimiento público sobre las haciendas locales que ambos han mantenido de manera tácita.
Quizás no se trate de grandes saqueos aunque figuremos en el sumario Púnica de manera tangencial por el momento. Tampoco son extraordinarias distracciones económicas. Son acciones y omisiones de tres mandatos caracterizados por una administración laxa y el olvido de los controles sobre la
legalidad, oportunidad y medios para hacer frente al gasto público durante 20 años.
Cuando el Tribunal de Cuentas emite un informe sobre el Ayuntamiento de
Aranjuez para reseñar que la práctica habitual de las empresas y fundaciones
municipales es no rendir cuentas, esta reseñando la imposibilidad material de los ciudadanos para conocer la justeza,
legalidad y eficacia del empleo de los recursos públicos. Cuando apunta a que la organización municipal no
asegura su trabajo dentro de la legalidad, eficiencia, eficacia y economía o
que su contabilidad ni es fiable ni puede fiscalizarse, afirma con muy buenas palabras en blanco sobre negro, que la Administración Local es un desbarajuste imposible de cuantificar,
detallar ni someter al control del ciudadano que aporta los recursos
malversados, malgastados o saqueados. Caben pocas palabras más que añadir a lo
que es notorio, público y certifican los técnicos de un órgano público de
control que debiera continuar con su tarea fiscalizadora en sucesivos y futuros mandatos.
Debieron ser los partidos emergentes los más legitimados para impulsar la intervención pública de las cuentas
presupuestarias y exigir responsabilidades económicas o administrativa. No se ha hecho aunque no es tarde. La buena
noticia es que aún puede exigirse en solitario o con otras formaciones la claridad en las cuentas, la delimitación de responsabilidades personales y colectivas y, sobre todo, tratar de definir que parte de esa deuda municipal se formó con amaños, triquiñuelas contables, dislocación de la legalidad o a
despecho de los informes en contra emitidos por los órganos locales de
control. No puede dejarse a la derecha enarbolar la marca de la honestidad, más aún cuando figuran entre sus filas más de 1750 cargos públicos imputados y una
larga lista de millones de euros saqueados en detrimento de las necesidades
ciudadanas.Esas políticas que buscan la legalidad tienen buenos defensores si se animan a obrar.
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