Lo que mande usía

La lógica dice que tiene que haber una motivación profunda para que el Ayuntamiento cuide la reforestación de los espacios del Patrimonio Nacional mientras este emprende una cuidadosa tala de árboles históricos en espacios urbanos pero no está a la vista. La sección sindical municipal que lo anuncia es clara. Se trata de emplear trabajadores y recursos públicos exclusivos de Aranjuez para cooperar en la "reforestación" pero, o no se cae en la cuenta de lo mucho que tiene esta iniciativa de prestamismo laboral o  tratan de pasar por encima sin nombrarlo aunque cobra un coste abusivo a los mezquinos recursos municipales mientras la ciudad está como está.

El Patrimonio Nacional es una macro entidad con un grandioso patrimonio histórico-artístico y natural con recursos propios derivados de los Presupuestos del Estado. Sus transferencias deberían ser suficientes para afrontar sus obligaciones de conservación y excluir otras aportaciones institucionales, obligadas o voluntarias, que cobran el vivir en un entorno  singular a los ciudadanos por partida doble: vía aportaciones impuestos estatales y locales.

Aunque esta intervención municipal, desconocida en su origen y motivación, obedeciera a una urgente petición de auxilio no estaría  justificada. Su funcionamiento es  autónomo y su gestión es propia. Y, al parecer,  sus recursos se han malbaratado. Los empleados han caído un 15 por ciento desde 2012. Su presupuesto anual, 108 millones anuales para 2018, ha descendido hasta los mínimos niveles de 2005 y apenas autofinancia un 32 por ciento de sus gastos anuales. Por si fuera poco, la externalización de sus servicios como la seguridad, el mantenimiento, la forestación y el cuidado y limpieza de las zonas ajardinadas "no siempre ha producido resultados satisfactorios", un hecho que el Patrimonio Nacional reconoce en sus memorias de actuación. 

Para justificarlo aduce que el Ministerio de Economía ha recortados sus transferencias. Pero este es solo un problema de relación económica entre dos organismos estatales que no debe afectar a terceros. Un Ayuntamiento con 200 millones de euros de deuda total no puede sustituir ni aminorar los vaivenes ni los déficits de gestión de órganos estatales. Tampoco debería, aun en el caso supuesto que la ciudad tuviera espacios públicos impolutos, una red viaria conservada y zonas ajardinadas urbanas que respondieran a ese nombre. Tiene otras funciones y una primordial para este tiempo: exigir mayor presencia y preponderancia en la toma de decisiones del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para que no se limite el uso de los espacios urbanos, condicione la vida diaria, el planeamiento del territorio, la movilidad de las personas o el trazado urbano. 

Todas ellas son demasiadas imposiciones para justificarlas con hipotéticos retornos no cuantificados  hasta hoy sobre la economía local y dejarlas pasar como si nada. Igual el Ayuntamiento de Aranjuez, que conocía al detalle este sin sentido de la tala y la replantación desde el pasado mes de enero, deba replantearse un esquema nuevo de relación y cooperación con el Patrimonio Nacional en términos de igualdad y, sobre todo,  defender el bienestar de los vecinos y el buen empleo de unos recursos esquilmados por encima de otras consideraciones. Igual dejar de responder: lo que mande usía es un buen comienzo.