La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental
para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para
asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues
supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas
para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están
enfermos.
En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y
desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del
neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y
que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas
sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida.
En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un
sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente
por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.
Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más
serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por
citar solo las más significativas.
En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia
de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de
funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los
neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta
situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión
empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan
es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención
sanitaria.
La introducción de formulas de gestión empresarial facilita la
privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero
público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya
ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la
construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco
veces más que los del modelo tradicional.
Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los
ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y
porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los
ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros
asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y
la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario.
Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de
avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la
protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y
pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando
para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.
Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema
Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad
de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y
solidario.
Por eso hacemos un llamamiento a todos los
ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No
podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el
que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.
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